Exfuncionario FACH denuncia apremios y presiones en declaración por tráfico de drogas

Casi un mes ha transcurrido desde que el Juzgado de Garantía de Iquique decretó la prisión preventiva de cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), investigados por transportar droga en un vuelo institucional entre Iquique y Santiago. El caso, que inicialmente fue objeto de una disputa de competencias entre la justicia militar y el Ministerio Público, quedó finalmente en manos de la Fiscalía Regional de Tarapacá.

Uno de los imputados, el excabo primero Mauricio Ponce, señalado como el principal coordinador del traslado de cuatro kilos de ketamina según los antecedentes recopilados por la fiscalía y las querellas del Ministerio de Seguridad y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó una solicitud clave ante el tribunal. Su defensa afirma que la declaración que prestó ante la Fiscalía de Aviación fue obtenida bajo “coerción y apremios psicológicos”, sin contar con representación legal y en vulneración de sus derechos constitucionales.

Solicitan nueva declaración

A través de un escrito de dos páginas, el abogado defensor Pablo Puentes solicitó una audiencia voluntaria para que su representado preste nueva declaración, esta vez ante el Ministerio Público, bajo los estándares del Código Procesal Penal. “La declaración obtenida podría ser válida ante la justicia militar, pero no en este tribunal de garantía”, se argumenta en el documento.

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El tribunal respondió que la comparecencia voluntaria deberá ser coordinada directamente con la Fiscalía de Tarapacá, instancia que hoy lidera la investigación.

Cuestionamientos a la justicia castrense

Esta no es la primera vez que la defensa de Ponce objeta el accionar de la justicia militar. En julio, durante la disputa por la competencia del caso, su entonces abogado Marcelo Rocha presentó un recurso de amparo, acusando falta de acceso a su representado mientras se encontraba detenido en la Base Aérea El Bosque. Aunque el recurso fue luego retirado, Rocha advirtió en su momento que “las diligencias realizadas podrían haber vulnerado derechos que en un tribunal civil no se aceptarían”.

La defensa apunta a que toda actuación procesal ocurrida bajo la justicia castrense podría estar viciada, afectando la validez de pruebas como declaraciones obtenidas sin debido proceso. Ponce, según su abogado actual, busca ahora colaborar de forma efectiva en la investigación bajo las garantías que otorga la justicia civil.