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Congreso despacha ley que agrava sanciones por robo de cables y falsificación aduanera: estás son las nuevas penas y agravantes

El proyecto contempla nuevas agravantes y penas más severas para quienes provoquen interrupciones en servicios básicos como agua, luz o telecomunicaciones.

Congreso despacha ley que agrava sanciones por robo de cables y falsificación aduanera: estás son las nuevas penas y agravantes

Congreso despacha ley que agrava sanciones por robo de cables y falsificación aduanera: estás son las nuevas penas y agravantes / Victor Salazar

Con 116 votos a favor y sin votos en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que endurece las sanciones para los delitos de robo, hurto y receptación de cables, incluyendo los utilizados para telecomunicaciones. La iniciativa, originada en el Senado, fue modificada por la Cámara Baja, lo que obligó a una comisión mixta para resolver las discrepancias.

El texto final incluye la actualización del término “telefonía” por “telecomunicaciones” en el Código Penal, y aumenta las penas si el delito genera interrupciones en servicios públicos o domiciliarios, como electricidad, agua, gas, alcantarillado o redes digitales.

Una de las principales novedades es que se considerará agravante cuando el delito se cometa haciéndose pasar por trabajador de una empresa proveedora de servicios o utilizando información obtenida como empleado de estas firmas.

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El proyecto también introduce modificaciones en la Ordenanza de Aduanas. Se sancionará a quienes hagan declaraciones falsas o adulteren certificaciones sobre el origen de mercancías en procesos de exportación. Además, se aplicarán penas equivalentes a los autores del delito a empleados públicos que faciliten el contrabando en el ejercicio de sus funciones.

La normativa eleva la pena a presidio mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años) cuando el robo afecte a una cantidad relevante de usuarios dentro de un poblado.

El artículo 485 del Código Penal también fue modificado para incluir sanciones a quienes provoquen interrupciones de servicios públicos o domiciliarios, cuando los daños superen las 40 UTM.

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