Informe de Comité para la Prevención de la Tortura alerta falencias estructurales en custodia estatal a poblaciones vulnerables

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) entregará este jueves su cuarto informe anual, en el que expone “hallazgos críticos” sobre la situación de niños y adolescentes privadas de libertad y bajo custodia del Estado en Chile.

Tras más de 100 visitas realizadas entre 2023 y 2024 en 13 regiones del país, el organismo advirtió “severas debilidades” en la atención a poblaciones especialmente vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, mujeres embarazadas, personas con diagnósticos de salud mental, migrantes y población LGBTIQ+.

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Entre las prácticas más preocupantes identificadas se encuentran aislamientos prolongados en cárceles de máxima seguridad, donde algunas personas pasan más de 22 horas al día encerradas en solitario durante meses.

“Limbo legal”

“Cuando se extiende más allá de 15 días, esta situación es considerada tortura por organismos internacionales”, señala el informe según La Tercera.

También se alertó del uso abusivo de contenciones mecánicas en unidades psiquiátricas judiciales, la falta de acceso efectivo a salud y restricciones arbitrarias al contacto con familiares.

El CPT manifestó además preocupación por la alta proporción de adolescentes en prisión preventiva sin condena, situación que calificaron como un “limbo legal”, en el que “pasan demasiado tiempo detenidos para ser considerada una acción ‘preventiva’, y sin el debido proceso que justificaría su reclusión”.

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“Transformar las estructuras”

Aunque el informe destaca que Gendarmería, Carabineros y la PDI presentan altos niveles de respuesta a las recomendaciones, la situación es distinta con los organismos centrales del Estado.

“El problema no se resuelve solo sancionando abusos individuales. Se trata de transformar las estructuras, normas y prácticas que permiten que estas vulneraciones ocurran”, enfatizó el CPT.

Según el documento, solo un 6% de los ministerios consultados respondió a las observaciones realizadas.

El Comité llamó a avanzar con urgencia en reformas estructurales, especialmente en un contexto legislativo que discute proyectos sensibles como la Ley Sayén, la regulación del uso de la fuerza y la rebaja de la edad de imputabilidad penal.