La millonaria multa que tendrán que pagar dos bancos en Chile en nueva sentencia por interlocking

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a Banco de Chile y al grupo Consorcio al pago de una multa total de $4.950 millones, tras confirmar que ambas entidades incurrieron en interlocking, una práctica prohibida por la ley de libre competencia.

La sentencia —que se origina en un requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en diciembre de 2021— establece que el economista Hernán Büchi Buc ejerció simultáneamente cargos como director o ejecutivo relevante en ambas instituciones competidoras, lo que vulnera la normativa vigente, recogió La Tercera.

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El TDLC determinó que Banco de Chile deberá pagar $3.300 millones y Consorcio $1.650 millones. El fallo subraya que el interlocking horizontal pone en riesgo la libre competencia al facilitar el intercambio de información entre empresas rivales o eliminar la incertidumbre natural de un mercado competitivo.

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“Esta sentencia, sumada a la que conocimos en abril, da señales inequívocas al mercado sobre la gravedad de que una misma persona participe en directorios de empresas competidoras”, afirmó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, de acuerdo al citado medio.

Según detalló, esta práctica puede propiciar flujos indebidos de información y favorecer acuerdos colusorios.

La causa también involucró a Falabella, empresa que optó por un acuerdo extrajudicial con la FNE. Como parte de la conciliación, la compañía pagó $1.400 millones, mientras que Hernán Büchi, quien también dejó su cargo en esa firma, canceló más de $180 millones al fisco, el monto más alto pagado por una persona natural en este tipo de casos.

Además, este es el segundo fallo relevante en torno al interlocking dictado por el TDLC este año. En abril, el tribunal condenó a Juan Hurtado Vicuña, Consorcio y LarrainVial en una causa similar, con sanciones que superaron los $2.500 millones.

Para la FNE, reforzar la fiscalización de esta prohibición es una prioridad. “Queremos prevenir que se compartan datos sensibles entre competidores que puedan derivar en acuerdos ilícitos”, concluyó Grunberg.