Ministro Cordero confirma demolición de viviendas en sector tomado de Cerro Chuño de Arica: “A estas alturas es un mandato legal”
Zona contaminada y tomada por bandas criminales será intervenida tras años de inacción y descoordinación institucional.
Agencia UNO | Luis Cordero / Pablo Ovalle Isasmendi
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que el Estado deberá proceder con la demolición de viviendas en el sector de Cerro Chuño, en la región de Arica, como parte de una intervención estatal frente a un conflicto de larga data marcado por contaminación, ocupación irregular y crimen organizado.
Durante un punto de prensa tras el Consejo Regional de Seguridad Pública, Cordero calificó el caso como “un gran ejemplo de un conflicto de seguridad serio, crónico, cuyo origen son tropiezos permanentes del Estado”.
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Aseguró que la situación actual responde a decisiones erradas tanto en salud pública como en vivienda social. “El origen de la toma es una mala decisión sanitaria, además de una mala decisión de vivienda social, que termina produciendo un problema sanitario de magnitud”, afirmó.
Cerro Chuño fue utilizado en los años 80 para almacenar desechos industriales tóxicos que nunca fueron tratados, provocando graves efectos en la salud de los habitantes. Aunque en 2012 se aprobó la Ley 20.590 para reubicar a las familias y demoler las viviendas contaminadas, gran parte de esas medidas no se ejecutaron.
“La demolición es un mandato”
La falta de control facilitó la toma del sector y, posteriormente, su uso como base de operaciones del grupo criminal Los Gallegos, vinculado al Tren de Aragua.
Según el ministro, la intervención estatal fue “a destiempo”, lo que generó “condiciones favorables para que pudieran intervenir ahí organizaciones criminales”. Por lo mismo, recalcó que “la erradicación y sobre todo la demolición en el caso de Cerro Chuño es un mandato, a esta altura legal, con indiferencia de cuál es la administración”.
Cordero confirmó que el desalojo ya se ejecutó y que existen nuevas intervenciones “programadas” para el sector. No obstante, fue cauto respecto a los próximos pasos: “El Estado también tiene que ser cuidadoso respecto a las investigaciones penales que están en curso, pero eso es un proceso que está en desarrollo”.
Finalmente, enfatizó que las acciones se están coordinando con las policías y el Ministerio Público, asegurando que el enfoque será progresivo y respetuoso del avance judicial: “Se está trabajando con las policías, pero también coordinadamente con el Ministerio Público respecto a las investigaciones que están en curso”.
