Acusan baja de un 45% del público: Patio Bellavista exige indemnización millonaria al Estado por caída en afluencia tras el estallido social
Alegan “falta de servicio” en seguridad; afluencia y rentas aún no recuperan niveles previos a 2019.
AGENCIAUNO / AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO
Inversiones Las Arenas Ltda., representada por el empresario Álvaro Jadue Melnick, presentó una demanda contra el Estado de Chile por falta de servicio en materia de seguridad, exigiendo una indemnización de $13.744 millones. La acción judicial, ingresada ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, detalla los graves daños sufridos por el emblemático Patio Bellavista durante y después del estallido social de 2019.
El centro gastronómico y cultural, ubicado a pocos metros de Plaza Baquedano, fue uno de los más afectados por la violencia y desórdenes que marcaron el inicio del movimiento social. Según la demanda, el recinto perdió afluencia de público, ingresos por arriendos y enfrentó costos financieros elevados debido a renegociaciones de deuda.
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“Zona de sacrificio”: Alegato de la demanda
En su escrito, la empresa argumenta que el Estado “bajó los brazos” ante la violencia descontrolada en el sector, transformando la zona en un entorno inviable para comerciantes y visitantes. Patio Bellavista, que antes del estallido recibía un promedio semanal de 125.545 visitas, experimentó una caída del 45,5% en la afluencia de público hasta enero de 2023. Los ingresos por arriendos también disminuyeron un 27,6% en comparación con 2018, pese a una leve recuperación en la ocupación de locales.
El texto legal compara la situación de Plaza Baquedano con otras “zonas de sacrificio”, tradicionalmente relacionadas con desastres ambientales, pero centrada en la seguridad y el orden público. “Decenas de locatarios tuvieron que abandonar sus comercios o dejaron de pagar arrendamientos porque el público simplemente dejó de venir”, sostiene la demanda.
Impacto financiero y renegociaciones de deuda
Patio Bellavista, inaugurado en 2006 y con una extensión de casi 9.000 metros cuadrados, enfrentó graves consecuencias económicas. Entre 2019 y 2024, renegoció su deuda en siete ocasiones con instituciones financieras como BCI, Itaú y Principal Compañía de Seguros, lo que elevó su pasivo desde 916.575 UF ($35.227 millones) a 1.085.599 UF ($41.723 millones). Las renegociaciones incluyeron tasas más altas y la capitalización de intereses, complicando aún más la recuperación del proyecto.
La demanda, patrocinada por los abogados Josefina Escobar, Catalina Casas y Gerardo Ramírez del estudio Ovalle Consejeros Legales, busca reparar los daños emergentes actuales y futuros, el lucro cesante y el daño moral.
