Superintendencia de Pensiones investiga demora de más de un año en solicitudes para subsidios por invalidez
Las demoras afectan a miles de solicitantes que enfrentan largos procesos de evaluación médica, agravados por problemas administrativos y cuestionamientos al manejo de los recursos públicos y privados.
Superintendencia y la reforma de pensiones
Santiago
La Superintendencia de Pensiones inició una investigación para aclarar los retrasos en la tramitación de pensiones de invalidez, afectados por una deuda de más de $2.700 millones que la Fundación de Administración de Comisiones Médicas mantiene con los médicos encargados de evaluar a los solicitantes. Este problema ha generado demoras de hasta un año y medio para personas con discapacidad que dependen de este ingreso para subsistir.
La Ministra de Trabajo, Jeannette Jara, señaló que esta situación está vinculada a las AFP, que delegaron la gestión de las comisiones médicas a la fundación. “Las AFP han preferido delegar esta función y crearon una fundación al efecto. Fundación que, por la naturaleza jurídica que tiene, queda fuera del alcance de fiscalización de la Superintendencia de Pensiones”, explicó.
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El sistema de pensiones de invalidez otorga un porcentaje del sueldo del afiliado según su grado de discapacidad. Para recibir esta prestación, las personas deben ser evaluadas por comisiones médicas regionales, y si es rechazado su caso, pueden recurrir a una comisión nacional. Sin embargo, la deuda con los médicos especialistas, que trabajan bajo modalidad de honorarios, ha retrasado significativamente las evaluaciones.
Los números no calzan
Juan Carlos Pizarro, presidente de la Fundación Valídame, cuestionó el uso de los recursos destinados al sistema. “El financiamiento de las comisiones médicas proviene de fondos privados y públicos en relación con el número de solicitantes. Por lo tanto, si hay más solicitantes, hay más presupuesto. No se explica que los casos estén demorados”, comentó, sugiriendo una posible mala administración.
La Fundación de Administración de Comisiones Médicas afirmó haber pagado el 95% de las deudas pendientes y aseguró trabajar para completar los pagos. Sin embargo, esta cifra difiere de la entregada por la Superintendencia, lo que ha generado dudas sobre la transparencia en la gestión de los fondos.
La investigación busca determinar responsabilidades y tomar medidas para resolver el problema, mientras los afectados enfrentan largas esperas y dificultades económicas, agravadas por la falta de acceso a las pensiones que les corresponden.