Se ingresó a 14 domicilios en Santiago y Concepción: Fiscalía detalla allanamientos a lo largo del país por Fundación ProCultura
Los operativos, realizados por la Brigada Anticorrupción de la PDI), se centró en la posible comisión de delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias.
PDI Referencial / Manuel Lema Olgun
La Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por el fiscal Patricio Cooper, informó sobre el desarrollo de importantes allanamientos en el marco de la investigación conocida como “Caso ProCultura”, que involucra a la Fundación ProCultura y sus directivos, incluida dentro del llamado Caso Convenios.
Los operativos, realizados por la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones (PDI), abarcó 14 domicilios en Santiago y Concepción, centrándose en la posible comisión de delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias.
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Entre los allanamientos destacados se encuentra la residencia de Alberto Larraín, cofundador de ProCultura, donde la PDI incautó un celular, computadores y servidores que se creían perdidos, elementos clave para la investigación. “Se realizaron diligencias planificadas desde hace varias semanas, buscando evidencias relacionadas con el uso indebido de recursos y posibles delitos financieros”, explicó un vocero de la PDI a cargo del operativo, de acuerdo a lo recogido por La Tercera.
En tanto, desde el Ministerio Público informaron que el equipo de investigación de la Fiscalía está compuesto por tres fiscales adjuntos, tres abogados asistentes y dos analistas criminales, quienes junto a la BRIAC han gestionado una serie de solicitudes judiciales y requerimientos de información a entidades privadas. En total, se presentaron 29 diligencias y 15 solicitudes a tribunales de garantía, lo que permitió realizar estos allanamientos.
La Fundación ProCultura es objeto de investigación en ocho regiones del país, involucrando a su cúpula directiva, entre ellos contadores y personal operativo. “Estamos analizando las bases de datos y correos electrónicos de la fundación para vincular la información con los convenios millonarios firmados con gobiernos regionales y seremías”, indicó la Fiscalía.
Tanto Alberto Larraín como María Constanza Gómez, representante legal de la ONG, han optado por guardar silencio durante las diligencias. Este procedimiento ha dejado en evidencia una serie de discrepancias en su defensa, ya que recientemente sus abogados renunciaron al caso.
