Abogado de capitán de Ejército imputado en caso Putre presentará recurso tras fallo de la Suprema que entrega el caso a la justicia civil
La medida busca que “el Tribunal de Garantía de Arica garantice el derecho de defensa de nuestro representado”, según el defensor.
El abogado del capitán Michael Jonathan Fritz Gervasoni, comandante de la compañía del Ejército de Putre e imputado por la muerte del conscripto Franco Vargas durante una marcha de instrucción el 27 de abril, anunció que presentarán una cautela de garantía en el Tribunal de Garantía de Arica. Todo esto, luego de que la Corte Suprema resolvió que la justicia civil, y no la militar, investigue la muerte de Franco Vargas.
“No es admisible sostener que los hechos materia de la investigación sean de competencia de la justicia militar, por cuanto la naturaleza jurídica de aquellos excluye que sean conocidos por dicha jurisdicción, correspondiendo su conocimiento y juzgamiento al juez natural, que lo es el de la justicia ordinaria”, señala parte del fallo del Máximo Tribunal.
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Nicolás Oxman, abogado del capitán Fritz, comentó a Radio ADN que respetan la resolución de la Corte Suprema, aunque en su momento expresó que la justicia ordinaria no ofrecía “suficientes garantías” para su defendido.
Sin embargo, aseguró que presentaran “inmediatamente una cautela de garantía en el Tribunal de Garantía de Arica, con el objeto de poder tener conocimiento de los antecedentes de la investigación”.
“Queremos apersonarnos respecto de las diligencias que se encuentran pendientes, con el objeto de poder garantizar el derecho de defensa de nuestro representado”, cerró Oxman.
Ayer, el abogado expuso ante la Segunda Sala de la Corte Suprema, solicitando que la investigación permaneciera a cargo de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book. Sin embargo, los ministros desestimaron esta petición, determinando que el Juzgado de Garantía de Arica es competente para llevar el caso. Por lo que se presentará la medida de cautela de garantías.
Según establece el Código Procesal Penal, la cautela de garantía es una solicitud que puede ejercer cualquier persona que sienta que sus derechos fueron vulnerados en un procedimiento judicial. El juez es el encargado de adoptar todas las medidas necesarias para que se respeten los derechos fundamentales.