Venta de terreno para Cesfam de Las Condes: Justicia autoriza levantamiento de secreto bancario de alcaldesa Daniela Peñaloza y otras siete personas
“Apenas tomé conocimiento de esta diligencia, dado que soy querellante en la misma causa, pedí personalmente la información bancaria para aportarla a la fiscalía y ojalá que todos los funcionarios hagan lo mismo”, respondió la autoridad comunal.
Las Condes
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), y de otras siete personas, en el marco de las indagatorias por la compra de terrenos para construir un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en la comuna que dirige. A ello se sumó también acceder a las cuentas corrientes de la municipalidad y de la empresa Vulcon Asset Management, la oferente del paño.
La hipótesis que pretende esclarecer el Ministerio Público en esta indagatoria dice relación con los motivos por los cuales la municipalidad pagó el doble de precio por una de las 10 casas del terreno donde se erigiría el centro de salud, siendo que Vulcon la había adquirido por la mitad y hace solo unos meses atrás.}
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En concreto, y sobre documentos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), la casa fue comprada por la municipalidad de Las Condes el 30 de diciembre de 2022 por 24.280 unidades de fomento (UF), que para entonces corerspondían a $852 millones); un mes antes, el 24 de noviembre del mismo año, la propiedad había sido vendida por 12.144 UF, es decir, $422 millones a la fecha. La diferencia, según el medio, fue de $430 millones.
Además de la alcaldesa, el tribunal pidió levantar el secreto bancario de: Juan Manuel Masferrer, administrador municipal de la municipalidad; Alejandro Contreras, exjefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan); Ricardo Gutiérrez, exfuncionario de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes; Nicolás Lucero, jefe jurídico de la municipalidad; Patricio Navarrete, exdirector jurídico de Las Condes; el extenista Paul Capdeville, socio de Vulcon; y Nelo Fabricio Travesany, también socio de Vulcon.
La respuesta de Peñaloza
Ciper consultó a la alcaldesa de Las condes por el tema. Respondió al medio: “Apenas tomé conocimiento de esta diligencia, dado que soy querellante en la misma causa, pedí personalmente la información bancaria para aportarla a la fiscalía y ojalá que todos los funcionarios hagan lo mismo para acelerar lo más posible la investigación. Soy la principal interesada en que todo se investigue profunda y eficazmente y se resuelva lo más rápidamente posible. Lo único que espero, es que esto no se transforme en una serie de actos políticos”.
Misma actitud fue la que tomó el administrador Masferrer: “Me parece muy bien que se investigue y todos mis antecedentes estarán siempre a disposición si sirvieran de algo para aclarar la causa. Sin embargo, lo anterior, me parece extremadamente curioso que se pida esta diligencia, ya que mi llegada al municipio fue posterior a todos los hechos investigados, incluso a los contratos y decretos. Además de lo anterior, a excepción de la alcaldesa, yo no conocía a ninguna de las otras personas que aparecen mencionadas en la investigación, y ni siquiera vivía en la ciudad de Santiago en ese entonces, pero si al fiscal le parece que puedo aportar, ahí estarán siempre mis antecedentes a su disposición”.
El tribunal solo autorizó revisar las cuentas en fechas cercanas al momento de la realización de la compra.
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