Tras salida de exdirector de la PDI: Ministro Cordero llama a Ricardo Yáñez a “evaluar su renuncia”
El secretario de Estado comentó la situación del general director de Carabineros, quien será formalizado en el mes de mayo.

Agencia Uno
Luego de la salida del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien será formalizado este martes en el marco del Caso Audios, el ministro de Justicia, Luis Cordero, emplazó a la máxima autoridad de Carabineros, Ricardo Yáñez, a “evaluar” su renuncia al cargo.
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Esto porque el general director de la institución policial también será formalizado durante el mes de mayo por eventuales omisiones cometidas por el alto mando respecto a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.
En conversación con Tolerancia Cero, el ministro afirmó que “yo esperaría que el director general evaluara su renuncia”.
“Lo que el Gobierno ha señalado, y en particular lo que ha dicho a propósito de esa fecha, y voy a referirme a lo que en particular yo he señalado, es que también es un acto de responsabilidad de la autoridad que está involucrada en tomar una decisión”, agregó.
En esa línea, el secretario de Estado apuntó que “el Gobierno ha transmitido que una situación como esa no solo distrae, sino que en el caso de las altas autoridades públicas, tiene que ver con la dignidad de la función pública que esta se desempeña”.
Ante la consulta de por qué el Gobierno aún no ha solicitado la renuncia de Yáñez, el ministro Cordero dijo que tal determinación “es una atribución exclusiva del Presidente de la República, y el Ejecutivo está tratando de garantizar la continuidad institucional de la policía en un contexto de seguridad que me parece que es muy evidente (…) Parte de ejercer correctamente las atribuciones es también cuidar las instituciones”.
Finalmente, el titular de Justicia aseveró que se marcará un “punto de inflexión” si es que el día de la formalización, el general director de Carabineros no presenta su renuncia.
Destacar que el próximo 7 de mayo, Ricardo Yáñez será formalizado por el presunto delito de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social.
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