“La indicación busca cambiar este paradigma”: Gobierno aclara futuro de pensiones de gracias tras polémica por beneficio a condenado
La ministra Tohá abordó los cuestionamientos a La Moneda por la entrega de este beneficio.
La mañana de este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló ajustes a la ley de pensiones de gracia en el país. Estas modificaciones surgen en medio de la polémica generada por la asignación de pensiones a víctimas del estallido social que poseen antecedentes penales.
“Lo que hicimos fue presentar una indicación a un proyecto de ley en trámite, donde consolidamos varias mociones. Establecemos dos puntos fundamentales: la obligatoriedad de evaluar los antecedentes penales al otorgar pensiones de gracia en el futuro y la posibilidad de revocación en caso de condena por delitos graves”, detalló la secretaria de Estado respecto a las acciones realizadas por el Ejecutivo respecto a los cuestionamientos.
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En esa línea, la ministra Tohá contextualizó la situación, recordando que las pensiones del estallido social se asignaron inicialmente en base a una glosa presupuestaria del año 2022, sin contemplar la revisión de antecedentes penales. Posteriormente, se establecieron procedimientos mediante normativas administrativas, las cuales tampoco incluyeron la evaluación de antecedentes.
“No solo se trata de las pensiones del estallido. En Chile se han otorgado alrededor de 18.000 pensiones de gracia por diversas razones, y nunca se había considerado el tema de los antecedentes penales como condición. La indicación del Gobierno busca cambiar este paradigma”, complementó.
“Hemos identificado...”
Respecto a la duración de las pensiones, la titular del Interior enfatizó: “Una persona que obtenga una pensión de gracia de por vida, si es condenada por delitos graves, podría perder ese beneficio. Queremos establecer un equilibrio entre el reconocimiento a quienes han sufrido daños por parte del Estado y la responsabilidad ciudadana”.
Sobre la posibilidad de revocar las pensiones otorgadas, la ministra Tohá comentó: “Hemos identificado 17 casos durante el gobierno del presidente Piñera y 24 durante el mandato del presidente Boric, donde se entregaron pensiones del estallido a personas con antecedentes penales. La legalidad de revocarlas se está evaluando y requerirá un análisis exhaustivo”.
“El presidente nos ha pedido un levantamiento completo de todas las pensiones de gracia, no solo las del estallido. Queremos evaluar la magnitud del problema y decidir cómo abordarlo de manera justa y equitativa”, cerró la autoridad de Gobierno.
