Directora del INDH reconoce que como organismo “hemos estado ausentes del debate” por violencia en la macrozona sur

Santiago

El informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que se presentó el lunes tuvo un capítulo especial dedicado a las situaciones de vulneración de derechos fundamentales en la macrozona sur, marcada por el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Si bien es una preocupación “de muchos años”, advirtió de entrada Consuelo Contreras, directora del organismo, este martes en ADN Hoy, explicó que “lo novedoso es que lo incluyamos en el informe anual”. Luego, lo graficó así.

“Hemos hecho tres informes especiales sobre lo que allí pasa. Nos preocupa que todos los Gobiernos han presentado planes para resolver los conflictos que existen en esa hora, sin embargo, ahora no vemos resultados. Lo decidimos incluir en el informe anual porque es el más importante que elaboramos. Creemos que han pasado demasiados años, demasiados Gobiernos, con planes de distinto tipo y no vemos resultados”.

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Y más acotado aún, explicó la directora: la preocupación “es que, aun cuando se han hecho múltiples esfuerzos, no se ha evaluado el resultado de las distintas políticas o mecanismos usados. Esa evaluación inexistente hace que no conozcamos cuáles son los errores y los éxitos tenidos, de manera de perfeccionar las acciones y terminar con el conflicto en la zona sur”.

En la misma línea, llamó a “tomar decisiones políticas para resolver el problema de fondo. Sin dudas, esto no se resolverá sin un diálogo de alto nivel en el que participen las partes involucradas en lo que tiene que ver con el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, que afecta a muchísimas personas que viven en la zona”.

Luego añadió: “Tampoco ha habido políticas claras de seguridad desde la perspectiva de derechos humanos: nosotros vemos acciones que se realizan para la represión del delito, pero no vemos que el foco esté en las personas. Sabemos de la cantidad de camiones quemados, pero por ejemplo, el ministerio de Educación no tiene información de las escuelas que han sido quemadas: sabe que son 33, pero no sabe las causas de los incendios. Eso afecta a cientos, a miles de niños en la región y afecta su derecho a la educación”.

Así las cosas, llamó a ver el problema “desde la perspectiva de la educación; de la libertad religiosa, para que el pueblo mapuche cuente con espacios para realizar sus ritos espirituales; hay que mirar el problema también desde la perspectiva de derechos humanos; La seguridad personal y la libertad son derechos humanos”.

Aunque sobre el rol de la institución hizo un mea culpa: “Nosotros, como organismo autónomo del Estado, encargado de la protección y promoción de los derechos humanos en el país, hemos estado ausentes en el debate. Le hemos presentado, en múltiples oportunidades, a distintos presidentes y presidenta de la República, nuestras propuestas de diálogo (...) Delegar el diálogo en personas que tengan poder político es fundamental y que puedan asistir todos los involucrados”.

Estado de excepción constitucional

El estado de excepción constitucional que rige en la macrozona sur no ha estado sujeto a una evaluación, quizás, riguroso. O al menos así lo planteó la directora del INDH:

“No somos fans de los estados de excepción porque restringen derechos. No hay evaluación, no hay documento que diga: ‘Desde que implementamos el estado de excepción, ha pasado esto’. ¿Ha sido por el estado de excepción o por otros elementos? Hay que hacer una evaluación seria después de tantos años de conflicto, que nosotros pensamos que se ha ido recrudeciendo y mezclando de cosas más complejas, como crimen organizado, tráfico de armas y de drogas. ¿Cómo funciona la inteligencia? Está en debate en el parlamento el ministerio de Seguridad, también la ley de inteligencia. Son leyes que tienen que contar con evaluación de lo que ocurre en la zona sur, y tiene que considerar lo que allí está pasando”.

Seguridad

Pero la insistencia del estado de excepción ha servido incluso para que personajes del debate político nacional pidan que se replique, por ejemplo (e incluso) en la capital. Ante esto, consecuencia del aumento de la inseguridad, espetó Contreras:

“Sin lugar a dudas es un fenómeno nacional, preocupante. En 2022, en el informe anual, incluimos un capítulo sobre algunos territorios del ámbito rural que tienen situaciones de conflicto en materia de seguridad, pero recién este año nos hemos metido más en tema de seguridad: es un problema complejo, que afecta a nuestro país, pero también a la región (América del Sur). Hay que contar con una mirada desde la perspectiva de los derechos humanos porque si no, vamos a iniciar un proceso de políticas restrictivas de derecho, cuando necesitamos que la gente pueda ejercer libremente los derechos”.

“La seguridad implica el ejercicio de derechos y la libertad. Nosotros estamos involucrándonos en estos temas: en el norte hemos visto la migración irregular, situaciones de trata y tráfico de seres humanos. Estamos mirando mucho más allá, entendemos que es un problema nacional, pero quisimos enfocarnos en la macrozona sur”, señaló hacia el final.

Aunque esta solicitud de derechos y libertades restringidas, a su juicio, pueden tener una influencia etaria: “Quienes opinan eso no han medido la restricción de libertades. La mayor parte de quienes vivimos en el país, han nacido después del 90′ o muy afines de los 80′, en democracia. No conocen lo que es vivir con restricción de libertades y nosotros sí: la libertad de expresión puede verse afectada, también a la de movimiento, a la vida, a la integridad. Hay que hacer una formación de mejor nivel con las personas. Hay que trabajar en materia de educación cívica y de derechos humanos, porque es imprescindible para el país. Que las políticas públicas tengan enfoque de derechos huamnos, de manera tal que estén centradas en las personas, que busquen los mayores niveles de dignidad y ejercicio de derechos”.