Ley de Usurpaciones: la definición del PC que puede obligar a la oposición a aprobar el veto presidencial

La Comisión de Seguridad del Senado continúa con la discusión en torno a las observaciones (vetos) que el Presidente Gabriel Boric presentó al proyecto de ley destinado a endurecer las medidas contra la usurpación de propiedades.

A diferencia de la tensa sesión de la semana pasada, marcada por desacuerdos entre la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y senadores de derecha, se espera que el ambiente sea más sereno de ahora en adelante.

En opinión de las bancadas de oposición, el veto, dividido en 14 observaciones destinadas a corregir el texto aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, es difícil de revertir debido a las amplias facultades que la Constitución otorga al Presidente para hacer prevalecer su voluntad por encima de la del Congreso. Esto reduce el margen de maniobra de los legisladores de derecha a recalificar el veto, declararlo inadmisible o retrasar su tramitación.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador Felipe Kast (Evópoli), indicó que esperan someter a votación el veto en la Cámara Alta durante este mes. En sus palabras, «Nuestro objetivo es que salga del Senado en octubre, probablemente en la última semana», y destacó que no buscan dilatar el proceso.

A pesar de las críticas iniciales hacia la ministra Tohá y la decisión del gobierno de vetar la Ley de Usurpación, algunos senadores de oposición han comenzado a expresar su autocrítica por la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo en torno a esta iniciativa.

El nudo central de la controversia gira en torno a la sanción que debería aplicarse a las usurpaciones «no violentas», un punto que generó novedades recientemente. Las bancadas parlamentarias del Partido Comunista anunciaron que, a pesar de respaldar la mayoría de las observaciones del Presidente, rechazarán el aumento de penas propuesto por el gobierno. Argumentaron que «la necesidad de una familia no puede ser criminalizada».

Esta posición ha dejado a la derecha en una incómoda encrucijada, ya que la mitad del oficialismo apoyará la propuesta del Ejecutivo, pero la decisión dependerá de los legisladores de oposición. Si la oposición rechaza la pena intermedia propuesta para tomas no violentas, se mantendría la legislación actual, que solo contempla sanciones monetarias.

Optar por el «mal menor»

Legisladores de oposición reconocen que se enfrentan a un desafío complejo y que podrían optar por el «mal menor» desde su perspectiva, lo que incluye respaldar el veto. El diputado Jorge Alessandri (UDI) admitió que esta es una de las opciones que se está debatiendo, publica La Tercera.

Es así como la decisión del Partido Comunista de no apoyar la pena de cárcel en el caso de «las usurpaciones sin violencia», deja a la derecha en la disyuntiva de apoyar el veto presidencial, que si establece penas de presidio, pero deja a discreción del juez la posibilidad de ser castigado solo con multa.

En caso de que se rechazara el veto, la legislación quedaría con el articulado actual, es decir, sin declarar las usurpaciones como delitos en todos los casos, y sin la pena de cárcel como posibilidad de pena.