Senador Araya por proyecto de amnistía para presos del estallido: «Se va a caer y no va a tener los votos necesarios»

A 19 días del plebiscito, este miércoles 17 de agosto la Sala del Senado votará en su primer trámite el proyecto de indulto a los llamados «presos del estallido social». El proyecto es una «amnistía general» que, a casi tres años de la revuelta de octubre de 2019, aunó los delitos a los que aplicará, dejando fuera, por ejemplo, aquellos casos donde se considere homicidio frustrado y maltrato de obra en contra de las policías. 

El margen de tiempo que considera será entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, y podrán optar a él todos quienes no tengan antecedentes previos.

Una situación que ha sido catalogada como una «prueba» para el Gobierno, y que tiene como antecedente la polarización en el país que el 4 de septiembre debería destensarse. Sobre eso conversó el senador independiente Pedro Araya en ADN Hoy. 

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Según sus cálculos, el proyecto de amnistía «probablemente se va a caer y no va a tener los votos necesarios. Sabemos que la derecha en bloque lo va a votar en contra. automáticamente va a rechazar el proyecto. Hay que agregar que hay un par de senadores de centro izquierda que no van a votar el proyecto. No vamos a tener los votos y en la práctica significa que esto no se puede discutir durante un año en el Senado y la eventualidad de aquellos familiares o presos de la revuelta será solicitar un indulto de carácter particular».

A juicio de Araya, hay un entendimiento del Gobierno de la polarización pre-plebiscito que complicaría conseguir votos más allá de la izquierda y centro izquierda. «Esto no es un tema que va a resolver solo con los votos de centro izquierda. Es la misma situación que la legislatura pasada, que producto de los quórums del proyecto se necesitan los votos de derecha. Entonces buscar los votos de derecha en un ambiente polarizado de Apruebo o Rechazo hoy es bastante más complejo que buscarla en un escenario post plebiscito donde habrían uno o dos senadores para avanzar».

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Pero esto de ponerlo en la tabla de este miércoles es parte de la estrategia de la derecha, dijo, donde hay una «intencionalidad política de polarizar más los días previos al plebiscito (…) Están buscando que aquellas personas que aún se encuentran dudosas de cómo votar, en esta polarización, puedan terminar votando rechazo. Lo que ha hecho la derecha en este último tiempo ha hecho asociar el estallido social a delincuencia. Es un profundo error. Estoy muy consciente que probablemente hay una franja de personas que con ocasión del estallido social cometió delitos comunes que nada tienen que ver con la protesta social. Pero el grueso de chilenos que salió a protestar salió por distintas razones. Pero el gobierno de Sebastián Piñera no entendió las razones de fondo y optó por la persecución penal».

Con todo, la discusión de hoy no beneficiaría a quienes se encuentran privados de libertad, sino a condenados o a la espera de condena. «Tenemos una cantidad importante de jóvenes que fueron condenados en procedimientos abreviado por estos delitos que hoy tienen antecedentes penales y al buscar trabajo no lo encuentran por esta situación. Este proyecto apuntaba a resolver esta situación y los delitos más graves quedan excluidos y que sea el Presidente de al República, a través del indulto presidencial, el que determine si procede o no a esta figura», añadió.

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Estado de excepción

Según datos del Ejecutivo, el estado de excepción constitucional para la macrozona sur (que también será votado en el Congreso este miércoles) ha disminuido los hechos de violencia en un 30%. Araya, senador que representa a la zona norte, pide que se ejecute esta misma medida en la región de Antofagasta, que él representa: «Estamos pidiendo que se decrete estado de excepción en el norte para enfrentar el crimen organizado, sobre todo en el control de las fronteras».

Es algo que ya han solicitado evaluar a la ministra Siches y que debería considerar, por ejemplo, las condiciones climáticas. Aunque dijo el senador: «El estado de excepción constitucional no resuelve el problema; faculta al Gobierno para controlar la crisis. Es un problema que se arrastra durante varios gobierno y necesita una mirada mucho más integral. En el norte planteamos evitar que siga creciendo una situación que viene desde el segundo Gobierno del Piñera, de control de migración irregular; segundo, en la criminalidad distinta que hoy no se puede atacar con las mismas herramientas de hace años atrás».

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