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50 años del golpe de Estado: Suprema condena a carabineros (r) por secuestros y torturas en subterráneos de la plaza de la Constitución

El máximo tribunal descartó los recursos de casación intentados por los expolicías, tras establecer que dos mujeres fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad en el marco de una política de ataque generalizado o sistemático en contra una población civil.

50 años del golpe de Estado: Suprema condena a carabineros (r) por secuestros y torturas en subterráneos de la plaza de la Constitución

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo presentados contra la sentencia que condenó a tres carabineros en retiro por su responsabilidad en delitos de secuestro con grave daño y tortura. Estas vulneraciones de Derechos Humanos ocurrieron en 1974, cuando Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar fueron sometidas a torturas en los subterráneos de la plaza de la Constitución.

El fallo unánime de la Segunda Sala del tribunal máximo, ratificó la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual se condenó a Manuel Agustín Muñoz Gamboa a 10 años y un día de prisión como autor de los delitos, y a Francisco Illanes Miranda, Winston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín y José Alvarado Alvarado a penas de 5 años y un día de prisión como cómplices.

El fallo

Asimismo, la Corte Suprema descartó los recursos de casación de los carabineros (r) al establecer que las víctimas fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad como parte de una política de ataque sistemático contra la población civil.

Es más, el fallo enfatiza que estos crímenes no solo transgreden los bienes jurídicos protegidos por las leyes penales, sino que también niegan la personalidad moral del ser humano. Se señala que estos crímenes representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La sentencia subraya que la comisión de crímenes de lesa humanidad requiere una planificación metódica por parte de algún grupo o sector de poder, generalmente el Estado o el gobierno, con el objetivo de afectar, disminuir o eliminar a un grupo considerado contrario a sus intereses, por lo que se concluye que las víctimas fueron objeto de un tratamiento cruel e inhumano que viola la dignidad humana.

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