Un síntoma de algo mucho peor: el negocio de los gendarmes que cobran por ingresar celulares a las cárceles

El «comandante Ramiro» es uno de los casos que recuerda: una semana después de que llegara a Chile, tras ser extraditado desde Brasil ese agosto de 2019, se descubrió a un funcionario de Gendarmería intentando ingresar un teléfono celular que tenía como destinatario al histórico frentista Mauricio Hernández Norambuena. El coronel Christian Alveal, que años después sería director de la institución uniformada, algo percibió: sabía, por ejemplo, y como antecedente, que Ramiro no dejó los secuestros como fuente de ingreso y que el teléfono podría ser un puente para las incivilidades.

Pero también diagnosticó que intentara ingresar el teléfono a la Cárcel de Alta Seguridad era «un síntoma» de algo mucho más grande y que, siguiendo esa imagen, se agravó en los últimos días, con un funcionario de la misma institución siendo descubierto cobrando $180 mil por entrar teléfonos a los recintos penitenciarios. 

«Primero, hay que entender que la corrupción es la forma con al que el crimen organizado ataca a los Estados. Estas cifras preocupantes de ingresos de celulares es un síntoma de este problema de corrupción», dijo a ADN.cl

Las cifras preocupantes fueron exponenciales: 18.957 en 2020; 28.794 al año siguiente; 30.859 en 2022 y 15.890 hasta junio de este año. Y el delito, es sabido, también está afectado a la economía formal: Alveal recuerda que en 2021, el precio por ingresar teléfonos era de $80 mil; el funcionario descubierto admitió que cobraba más del doble de ese monto. 

Crimen intercarcelario

Con todo lo anterior, Alveal identifica un «error garrafal»: que este síntoma de corrupción e instalación del crimen organizado en las instituciones del Estado se enfrenta solo con policías. O como dijo, la «polización de la delincuencia». El problema es estructural y va ligado a otras criminalidades

El ingreso de celulares y de drogas a recintos penitenciarios «son dos formas de cómo los grupos criminales ven una continuidad del delito adentro de las cárceles: no es solo, por ejemplo, con celulares para comunicarse con la familia. Lo hacen porque necesitan mantener coordinada el delito de las calles. Es sumamente, grave porque mantiene viva a las organizaciones privadas de libertad». Y la droga, por otro lado, según Alveal, permite un negocio interno.

Las soluciones son severas: incentivar la transparencia y que «cualquier funcionario de las fuerzas de orden (policías, fuerzas armadas, etcétera) que estuviera involucrado con la corrupción no puede tener ninguna medida distinta a la prisión preventiva». Hay una razón lógica: las atenuantes que pudieran tener por intachable conducta anterior se sustentan en decisiones a consciencia de cómo opera el crimen organizado. A ello se suma la implementación de hondas milimétricas en túneles de acceso.

Un cálculo al cierre: ingresando dos teléfonos celulares semanales al centro penitenciario, en el curso de un año el gendarme podría haber tenido un total de $17.280.000 extra.

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