Fiscal de la investigación contra Martín Pradenas destacó el enfoque de género: «Se pudo comprender que no todas las víctimas reaccionan de la misma forma»

Miguel Rojas, fiscal a cargo de la investigación en contra de Martín Pradenas, conversó con La Prueba de ADN sobre el veredicto condenatorio entregado durante la jornada de este viernes.

Las últimas horas han estado marcadas por la resolución del segundo juicio en contra del culpable por siete delitos sexuales, dejando una sensación de «tranquilidad» y un grado de satisfacción.

Respecto al enfoque de género, el invitado indicó: «Nos permitió derribar sesgos, derribar estereotipos y, lo más importante, es que permitió que el Tribunal creyera en las víctimas, independiente de aquellos argumentos que muchas veces iban en contra de sus testimonios levantados por la defensa».

Siguiendo la misma línea, valoró una arista generalizada dentro de la sociedad actual ante el hecho de que «hasta el día de hoy es muy mal visto que una víctima nada haga frente a un acercamiento de tipo sexual no deseado».

Si bien destacó que «se pudo comprender que no todas las víctimas reaccionan de la misma forma«, mencionó que, a pesar de lo aprendido y todo lo que ha significado este caso, «el estándar no sube».

De manera concreta, Rojas hace referencia a que «el estándar en materia sexual, el consentimiento siempre debe ser expreso y debe ser completo«(…) independiente de las relaciones anteriores que haya tenido el acusado con alguna de las víctimas; del hecho de que las víctimas hayan consumido alcohol o que hayan tenido un acercamiento anterior consentido con el imputado».

La sentencia definitiva

Más allá del segundo veredicto dictado durante las últimas horas, el fiscal y la parte demandante aún se mantienen a la espera de la resolución definitiva en contra de Martín Pradenas conforme a lo solicitado ante la justicia.

Frente a esto, Miguel Rojas enfatiza en que «al existir seis hechos distintos, que constituían siete delitos respecto de seis víctimas distintas, cada víctima debía tener una respuesta«.

«Se afectaron bienes jurídicos personalísimos, como lo son la indemnidad y la libertad sexual de cada una de las víctimas. Por eso, nosotros optamos por una regla concursal que dice relación con una acumulación material de pena; estamos solicitando una pena por cada delito acumulado. En este caso fueron siete«, explicó.

Específicamente, lo que se pide son 41 años de cárcel, poco más del doble de lo que se estipulaba en el primer juicio, siendo en este caso algo mucho más especifico conforme al máximo de penalidad por el delito de mayor gravedad.