Asociación de Oficiales Penitenciarios denuncia abandono a Gendarmería tras toma de rehenes en cárcel de Angol

En los domingos de votaciones no se aceptan las visitas en los centros penitenciarios. Es una medida histórica, no excepcional, que el 7 de mayo pasado, para la jornada de elección de consejeros constitucionales, tuvo consecuencias: comuneros mapuche del módulo F (de 17 internos) del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol, en la región de La Araucanía, tuvieron tomados como rehenes, durante una hora y 19 minutos, a un oficial y dos suboficiales de Gendarmería, a modo de protesta por suspender las visitas, pese a que es una medida habitual.

Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), abordó el estado de las cosas al interior de las cárceles del país, la mañana de este martes en ADN Hoy:

«Desde el momento en que se produjo, como ANOP denunciamos lo que estaba ocurriendo en redes sociales. Lamentamos que la autoridad haya intentado bajarle el perfil. No hubo una condena por parte de las autoridades al hecho propiamente tal: los funcionarios de Gendarmería, más que detenidos, fueron secuestrados, tomados como rehenes y privados de desplazarse de un sector al otro. Se usó la fuerza, fue un hecho violento y no vemos la condena por parte de las autoridades de este sector».

Luego, dijo Benítez, los gendarmes que lo rescatan «lo hace premunidos de elementos muy básicos para este tipo de procedimientos y eso da cuenta del abandono al personal de Gendarmería por parte de las autoridades. No hay un equipamiento adecuado, no están los elementos que se requieren para trabajar en estas condiciones especiales, y además la infraestructura de los recintos no sirve para mantener privados de libertad a, por ejemplo, el caso de los internos mapuche: no están acondicionados a los convenios suscritos a nivel internacional».

Así las cosas, el oficial aseguró que en otros recintos penitenciarios del país «ocurren situaciones similares entre internos avezados, quizás en contra de internos que no pueden defenderse al interior: hay secuestros, extorsiones, sicariato al interior de los recintos. Son situaciones que poco se habla; nosotros venimos denunciándolo hace mucho tiempo. No hay una carta de trabajo que permita superar esta situación. Lo hemos dicho: a medida que los recintos estén más sobrepoblados de lo que lo están, de que la infraestructura no sea la adecuada, de que el personal no cuente con las herramientas necesarias, la situación se irá agravando».

Pero precisó que esos delitos tienen que ver con el crimen organizado, lo que impulsa el trato diferenciado de internos: «Deben construirse cárceles adaptadas para mantener privados de libertad a internos vinculados al crimen organizado. Debemos, como Estado, darle una respuesta eficiente a esta nueva criminalidad. Son fenómenos distintos que implican medidas distintas».

Las respuestas, aseguró Benítez, «son muy lentas» y no responden la urgencia del mismo tema: «Incluso el fiscal nacional lo ha señalado: que se necesitan regímenes estrictos. La autoridad no está dando respuestas oportunas. El diagnóstico está hecho, la solución no se plantea. Hay acciones que se pueden hacer de manera inmediata: se pueden adecuar temporalmente algunos recintos penitenciarios con más medidas de seguridad, se puede modificar el régimen penitenciario, pero tiene que haber voluntad. Sabemos que construir una cárcel no es algo rápido, pero se debe empezar; debe haber una decisión de enfrentar este problema, sino nos vamos a quedar en explicaciones y lamentaciones y eso nos va a llevar a un escenario mucho más peligroso en cuanto a la seguridad de los recintos».