Expresidente Piñera declara este martes ante la fiscal Chong por investigación sobre delitos de lesa humanidad
El interrogatorio abordará el rol de La Moneda tras el estallido social y las acciones concretas de las autoridades civiles para fiscalizar el actuar de las fuerzas de orden y seguridad.
El expresidente Sebastián Piñera enfrentará este martes 11 de abril una nueva declaración judicial ante la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, en relación con las investigaciones sobre su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante el estallido social de octubre de 2019.
La última vez que Piñera relató estos hechos en una investigación penal fue hace dos años, en calidad de imputado. La causa la llevaba entonces la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien interrogó al mandatario en La Moneda.
La diligencia está programada para esta tarde y Piñera estará acompañada por su abogado, Samuel Donoso. Esta declaración se suma a las realizadas por exautoridades de su administración, como los exministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y el exsubsecretario Juan Francisco Galli.
La fiscal Chong y su equipo se trasladarán a la oficina de Piñera, quien cuenta con la prerrogativa de establecer el domicilio para la pesquisa. El interrogatorio abordará nuevamente el rol de La Moneda tras el estallido social y las acciones concretas de las autoridades civiles para fiscalizar el actuar de las fuerzas de orden y seguridad.
Responsabilidad de mando en Carabineros
Además, Piñera responderá consultas sobre otra arista de la investigación, relacionada con la responsabilidad de mando de Carabineros. Esta involucra principalmente al director general retirado Mario Rozas y al actual director general Ricardo Yáñez, quienes desempeñaron funciones clave en Orden y Seguridad tras el 18 de octubre de 2019.
En julio pasado, Piñera renunció a su derecho a guardar silencio y declaró que nunca previó el estallido social. Afirmó que no existieron advertencias concretas y específicas sobre los hechos ocurridos el 18 de octubre, a pesar de un supuesto informe de inteligencia que alertaba sobre alteraciones al orden público. Además, dijo que el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, le informó sobre la posible participación de ciudadanos extranjeros en actos de violencia, pero aseguró que la única decisión tomada con base en esa información fue ponerla a disposición del Ministerio Público.