Subsecretario Monsalve por legítima defensa privilegiada en proyecto de Ley Naín-Retamal: «No resuelve el problema a Carabineros»

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se tomará unos días de vacaciones. Antes de hacerlas efectivas, abordó dos temas que se han tomado la agenda en las últimas semanas: la discusión de la Ley Naín-Retamal (que permite la legítima defensa privilegiada para policías uniformados en determinados casos), y la demolición de las ampliaciones irregulares de «casas narco».

Sobre la legítima defensa privilegiada en particular, la autoridad de Gobierno señaló: «Nos parece que no resuelve el problema a Carabineros. Si un cabo saca el arma y mata a un delincuente, la legítima defensa privilegiada va a asumir que él hizo adecuado uso de su arma de fuego, pero el problema real de ese carabinero no es que lo metan preso. Normalmente no termina preso; el problema es que es suspendido de sus funciones y es dado de baja. Por lo tanto, cuando termina el proceso, ya ha sido dado de baja. El proyecto como está no evita esa parte. Y esa es la parte que inhibe a los carabineros de sacar su arma de fuego».

La posición de la administración actual es que «tiene que haber certeza jurídica en el uso de las armas, que obviamente tiene que ser proporcional y racional», agregó después el subsecretario, en conversación con El Mercurio.

En razón de lo anterior, adelantó que presentarán un proyecto de ley «que va a regular las reglas de uso de la fuerza y que está comprometido y trabajando con senadores y diputados de oficialismo y oposición. ¿Eso atenta contra los derechos humanos? Creo que no. En muchos países del mundo con altos estándares de derechos humanos hay reglas del uso de la fuerza por ley. Estamos llevando adelante algo que en la legislación comparada existe en muchos países».

Otro de los puntos abordados por Monsalve fue la previa a la elección de consejeros constitucionales, tras el término del trabajo de la comisión de expertos en la primera parte de la elaboración de un anteproyecto. Sobre sus pronótiso, dijo:

«Espero que la seguridad no sea un clivaje que se use previo a una elección como la que se va a producir en el proceso constituyente. Esperaría que quienes van a esa elección nos digan cómo en la nueva Constitución se van a resolver las capacidades de las instituciones del Estado para combatir los delitos».

Casas narco

Desde que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, impulsó la demolición de ampliaciones de casas sindicadas como puntos de venta de drogas, el Ejecutivo ha hecho de ello un tema de debate. Monsalve, en un principio, aseguró que la acción no detenía la cadena de abastecimiento, y menos que cortaba los ingresos de los narcotraficantes. Este sábado, profundizó en su postura:

«¿Es un disuasivo para esa familia que está dedicada a la venta de droga? Sí. Quizás el principal efecto es que la gente de se barrio sienta la disminución del temor, porque todos saben que en esa casa se vende droga. ¿Deja de llegar droga a esa población? Yo creo que no, porque es un eslabón. A esa casa llegó droga traída por una organización internacional que la ingresó al país. Otra organización la trajo a la región Metropolitana, y otra la distribuyó. Hay bandas que distribuyen la droga y que están armadas para proteger el territorio. Nada de eso desaparece con la demolición de una casa. Es un eslabón de la cadena, pero la organización criminal sigue operando».

«Esto no debe ni proyectarse ni entenderse como la solución a un problema complejo. Si todos nos dedicáramos solo a demoler casas, el crimen organizado seguiría creciendo. Es un aporte contra la lucha al crimen organizado, pero la lucha de fondo contra las bandas es perseguir su patrimonio y sancionar de manera severa a quienes lideran organizaciones criminales», cerró la autoridad.