Investigan posible malversación de caudales públicos en San Joaquín: habría más de $10 mil millones sin respaldo ni destino

La actual administración de la municipalidad de San Joaquín presentó una querella en contra del exalcalde, Sergio Echeverría (quien estuvo 16 años a la cabeza de la institución), y otras 11 personas, por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude y falsificación de documentos públicos.

Lo anterior, a raíz de una auditoría hecha por Contraloría que habría revelado la falta de respaldo o destino del gasto de más de $10 mil millones, dineros que deberían haber sido utilizados para mejoramiento de obras en colegios municipales, según una investigación de Mega.

Antes del informe de Contraloría, la Superintendencia de Educación dio cuenta de este mismo saldo en 2021 al actual alcalde Labra, al momento del traspaso de los recintos educaciones desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social al Servicio Local de Educación Gabriela Mistral en 2020. Dijo Labra sobre su antecesor: «No entregó toda la información legalmente requerida en materia de traspaso, y, especialmente, de pasivos o rendiciones de subvenciones no realizadas”.

Echeverría, el exedil, en paralelo a dirigir la comuna, presidía también la Corporación de Desarrolo Social. Al mismo medio aseguró que la información se entregó en pendrives, que hubo «atrasos en las rendiciones», que la cifra de Contraloría sería «abultada» y que la situación constituiría «una falta administrativa y no es ningún delito”.

Contraloría apuntó a un saldo de $9.111 millones sin respaldos en conceptos de fondos de apoyo a la Educación Pública (FAEP), Subvención Escolar Preferencial (SEP) y otras subvenciones para la educación municipal. De esos $9 mil millones, hubo $6.809 sin comprobantes ni registros en libros contables o cartolas bancarias de la Corporación. El exsecretario general del organismo, Álvaro Medina, dijo a Mega que hasta 2019 había un saldo por rendir de $2.500 millones.

A ello se suma la contratación de alguien para que hiciera la rendición de los programas de educación y los saldos financieros contables, pero la municipalidad no pudo constatar que el trabajo se hubiera realizado: se pactó un pago de $15,6 millones para 14 meses, pero la Corporación pagó más de $20 millones injustificadamente.

Labra apuntó a la rendición de $6 mil millones, cuyos papeles ya se habían encontrado. Pero Contraloría envió sus constataciones al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público por los posibles delitos.