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Fraude de licencias médicas: detalles del operativo que persiguió un perjuicio de más de $25 mil millones al fisco

El calificado como "fraude de licencias médicas más grande en la historia del país" implicó agentes encubiertos, interceptación telefónica, allanamiento a una treintena de inmuebles y decenas de detenidos. La ministra de Salud aseguró que se buscarán también a quienes compraron los documentos fraudulentos.

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Licencias médicas fraudulentas - Richard Jiménez - Mediodía en ADN - 7 de diciembre de 2022

06:42

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Diversas reacciones ha tenido el desbaratamiento de un grupo de médicos y captadores, sindicados como «organización criminal», vinculados a lo que se ha llamado como el fraude en licencias médicas más grande de la historia: 29 personas fueron detenidas, en su mayoría profesionales de la salud, todos de nacionalidad colombiana.

Durante la jornada del jueves se les formalizará por el delito de asociación ilícita y lavado de activos. Según cálculos de las autoridades, la emisión de licencias médicas fraudulentas habrían significado una pérdida para el fisco de más de $25 mil millones.

En seis meses de investigación de la Policía de Investigaciones (PDI), se pudo establecer que los médicos entregaban las licencias usando documentación verdadera, pero sobre diagnósticos falsos o solicitados vía telemedicina. 

ADN

Parte de las evidencias recuperadas en el operativo. / Agencia Uno.

«Este es el fraude de licencias médicas más grande que se ha identificado a lo largo de nuestra historia. Esto pone en duda la fe pública sobre las licencias que las personas presentan; pone en duda la calidad de las personas que tienen certificados para trabajar como médicos porque lo están ocupando, en este caos, para defraudar al sistema. Pero lo más grave es que este es un fraude que termina extrayendo recursos del presupuesto de salud que tiene nuestro país», dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La investigación comenzó con advertencias de Fonasa y Compin: son más de 300 emisores (médicos) que al año otorgan casi el 40% de todas las licencias médicas. 

Metodología de investigación

La forma en la que se investigó a la organización fue, primero, identificándolos como con una estructura, y segundo, con técnicas policiales propias de las causas por narcotráfico: a saber, intervenciones telefónicas y agentes encubiertos (detectives que se hacían pasar por pacientes en demandas de licencias fraudulentas).

En total, se presentaron 45 querellas por parte de las autoridades, entre las que se cuentan como impulsores Fonasa, Compín y la Superintendencia de Seguridad Social. Además, se allanó más de 30 domicilios, entre casas y consultas privadas de doctores en centros médicos con secretarias, pendones e imagen corporativa.

Era por interner y redes sociales que los falsos pacientes contactaban a los médicos. En muchos casos, los diagnósticos no existían en los supuestos afectados, ni siquiera exámenes se les pedía.

«Estas grandes emisiones superan las 1.500 licencias anuales, lo que se traduce a una licencia médica extendida cada 2 minutos. Eso da esta luz de alerta a Fonasa, quienes denuncian el hecho. Parte de los médicos se validan por convenios bilaterales que tenemos con Colombia», explicó el director general de la PDI, Sergio Muñoz.

Por su parte, la titular de Salud, Ximena Aguilera, contó que también se buscarán a los pacientes falsos, aunque ya están bajo la lupa 400 médicos, los que serían los principales emisores de licencias:

«Vamos a perseguir, no solo al tema de las emisiones, sino que también en la investigación se va a perseguir a las personas que hacen la compra de las licencias, porque finalmente son ellos los que se están beneficiando del uso fraudulento, dado que ellos son los que reciben el dinero de Fonasa (…) La persona que compra una licencia está incurriendo en un fraude al fisco».

En cuanto a las sanciones a los médicos, Aguilera señaló: «El título no se les puede quitar; lo que se puede hacer es esta suspensión de la emisión de licencias, que de este momento se amplió de dos a tres meses; se les aplica multas, que son de 250 UTM y se van a subir a 600 UTM; y la otra vulnerabilidad, relacionada al sistema de emisión electrónica, que también se hará un control más estricto».

La operación fue llevada a cabo por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente, junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

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