Servicio Nacional de Migraciones por agresores de carabineros en Puerto Montt: «Vamos a expulsar, seguimos expulsando gente y lo seguiremos haciendo»

En los últimos tres años, los migrantes en situación regular en Chile aumentaron un 14,1%: hoy son 1.482.390, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por el Servicio Nacional de Migraciones (SNM) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En el ejercicio comparativo, hubo un alza de 1,5% en la misma fecha de 2020, y de 14,1% sobre 2018. 

La cifra es el resultado de la cuarta versión de un estudio y consideró información recibida hasta el 31 de diciembre de 2021. No obstante todo, no se toman en cuenta los ingresos irregulares. Esto, según explicó Luis Eduardo Thayer, director del SNM la mañana de este jueves en ADN Hoy, se hace aún más opaco en un contexto de pandemia, con fronteras cerradas.

«Cuando la gente entra por pasos no habilitados, hoy no tienen vía de acceso ordinaria a la regularidad. Hoy justamente tenemos esta gente que se incrementó en el contexto de la pandemia, debido a que la frontera estaba cerrada y las condiciones de expulsión en los países de origen, principalmente Venezuela, Haití, entre otros, se mantuvieron. Entonces se generó esta situación donde se juntó condiciones de expulsión muy intensas (crisis económicas, políticas, etcétera) con cierre de fronteras. La gente se empezó a mover por vías informales. Nosotros no tenemos fronteras naturales, como en otros países. Entonces el ingreso clandestino es un desafío estadístico», explicó.

Aunque hoy en día trabajan en una metodología para lograr delinear la cifra de las personas en situación irregular que esperan presentar durante el primer semestre de 2023 y que considera, por ejemplo, ruts provisorios, información de salud, educación, AFP, entre otros. 

Según información de la propia Policía de Investigaciones (PDI), son 130 mil las personas que han ingresado clandestinamente y se han autodenunciado en los últimos cuatro años. «Están en situación irregular, en causal de expulsión mucho de ellos y es un problema que tenemos. Estamos hablando de 130 mil personas, según la PDI, en un universo que son un millón y medio. La estimación, según lo que presentamos junto al INE, es que tenemos un volumen de personas migrantes, que consideramos residentes habituales, que están integrados en la sociedad», desarrolló el director.

Expulsión de migrantes en Puerto Montt

Durante el miércoles, el Presidente Gabriel Boric anunció que a los involucrados en la golpiza que recibieron carabineros durante un procedimiento en Puerto Montt se les expulsará, en consideración a la nueva Ley de Extranjería. Luis Eduardo Thayer ve en la decisión, una coherencia discursiva:

«El subsecretario Monsalve y el Presidente Boric han sido bien enfáticos en dar una señal política respecto de personas extranjeras que cometen delitos o vulneran la seguridad interior del Estado. El anuncio del Presidente se enmarca dentro de la aplicación de un artículo de la Ley de Extranjería que establece que el subsecretario del Interior puede usar la facultad de expulsar personas porque atentan contra la seguridad interior. La agresión que sufrió carabineros es considerada por el Gobierno como una agresión a la seguridad interior del Estado. Por ese motivo, se les va a cursar el procedimiento de expulsión a estas personas. Eso está claro. Hemos sido enfáticos: hemos firmado más de 1.200 inicios de procedimiento de expulsión a personas que tienen delitos, que están encausadas».

Esta información rememora las filas de personas con overoles blancos abordando vuelos con destino a sus países de origen, que se difundido ampliamente durante el gobierno del expresidente Piñera. Aunque la mayoría de las expulsiones (80%, según contó Thayer) se hacen por tierra, «por vuelos, tenemos dos convenios con agencias de viaje donde estamos comprando permanentemente pasajes para salidas de personas. Oficiamos también a la fuerza aérea para coordinar un vuelo con la FACh con expulsados que están ya notificados. El tema es el siguiente: cuando se pone de ejemplo el tema de los aviones con personas con overoles blancos, con ese espectáculo televisado, lo hemos dicho yo, el Presidente y otras autoridades: eso de hacer un espectáculo de una política de sanciones que debemos aplicar como Estado, no nos parece».

«Vamos a expulsar, seguimos expulsando gente y lo seguiremos haciendo, en el marco de la nueva ley. Hay una cuestión súper importante: el 12 de febrero entró en vigencia la nueva Ley de Migraciones, que establece un nuevo procedimiento de expulsión que es muy distinto de la ley antigua: establece que la persona debe ser notificada del inicio del procedimiento de manera presencial; luego, la persona tiene 10 días para presentar descargos; luego, se le notifica de la expulsión, dependiendo de la presentación de descargos; luego tiene otros 10 días para presentar recursos en tribunales; y luego que se resuelve, la expulsión se materializa vía PDI. El rol del Servicio Migrante es facilitar esto a través de la compra de los pasajes. Pero la materialización de las expulsiones es rol de la PDI. Hemos iniciado más de 1.200 procedimientos de expulsiones a personas que han cometido delitos, que tienen antecedentes, que no puedan estar en este país según los criterios políticos que ha definido la autoridad y que está en ese procedimiento», detalló el director.

Con todo, la pandemia también movilizó una salida importante de migrantes que habían llegado al país: «Hemos firmado más de tres mil autorizaciones de salida en lo que va del año. Entonces es gente que se está volviendo. La idea es poder contar con ese dato, porque evidentemente cualquier decisión que se tome, tiene que tener un fundamento empírico. No especularemos respecto a información. Es una realidad que como Gobierno nos tenemos que hacer cargo».