Fiscal José Morales por caso de quema de Metro San Pablo: «El imputado se había jactado de eso, decía: ‘no fueron los carabineros, fui yo'»

Daniel Bustos Trabol, de 24 años, fue declarado culpable por el incendio de la estación de Metro San Pablo, en la comuna de Lo Prado, el día 19 de octubre de 2019, en los albores del estallido social. Las pesquisas que llevaron a tal fallo por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago fueron lideradas por el fiscal José Morales, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, quien esta mañana conversó del caso con ADN.

«El trabajo de la Policía (de Investigaciones, PDI) fue exitoso por el análisis de dos factores en conjunto: uno, el método investigativo tradicional, que es el empadronamiento de personas; y el otro es ir derechamente a las redes sociales a buscar antecedentes. Sobre estos antecedentes pudimos encontrar videos, de distintos ángulos, que muestran el inicio del fuego y la propagación. Dos de esos videos son tomados por civiles. A propósito de eso, se encontraron cuatro testigos civiles que identificaron al imputado como autor», explicó Morales sobre lo que podría denominarse como una pesquisa no tradicional.

En la indagación digital hubo algo que el joven Bustos Trabol dijo y que pudo haber sido angular en el caso: «Por el empadronamiento se supo que el imputado se había jactado de esto. Él decía: ‘miren, no fueron los carabineros (garabatos), fui yo». El mismo día se pudo determinar los ángulos (de los videos) de cómo sucedieron a los hechos».

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Visto así, y en contraste con la hipótesis popular que planteaba posibles responsabilidades de las policías en los siniestros, el fiscal Morales aclaró: «Aquí no hay testigos protegidos, ni agentes encubiertos, sino que fueron ciudadanos que decidieron colaborar para llevar el caso a tribunales».

¿Y «el enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie»? A juicio de Morales, la realidad fue diametralmente distinta a las declaraciones de expresidente Sebastián Piñera, previas al anuncio de guerra: «Lo que uno puede observar en general que se tratan de situaciones que ocurren de forma coetánea, pero lo que hemos visto, investigado, no aparecen vinculaciones o coordinaciones, más allá de llamados por redes sociales, efectos de imitación o rabias acumuladas que fueron coincidentes entre muchas personas en sectores determinados de la ciudad. Si usted lo ve, los Metros incendiados son de las zonas periféricas, salvo Cumming».

Y si bien al momento de iniciar la investigación la Fiscalía no puede descartar ninguna hipótesis, «debe ir por la más razonable. En este caso, descartando coordinación, premeditación o participación de otras personas. Uno tiene que dedicarse derechamente al derecho penal: es decir, la sanción de determinados tipos penales que están establecidos por la ley. Las consideraciones políticas u de otro orden no pueden estar en la investigación de un fiscal. En este caso en particular, creo que habiendo investigado al imputado, a nivel de redes sociales, de contactos, de llamadas telefónicas, de historial previo, creo que es una iniciativa individual, obviamente con el estado de las cosas, porque esto ocurrió el 19 de octubre, el día después del estallido social».

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Panorama de los delitos en Chile: «Como país hemos hecho muy poco»

Antes de llegar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el fiscal Morales pasó unos años en la de Alta Complejidad. Su experiencia le permite el ejercicio comparativo: «Fui fiscal de la zona norte hasta el año 2010. Después estuve en Alta Complejidad hasta 2016, y cuando volví a la zona norte me di cuenta que los delitos que eran cometidos con hechizas ahora son cometidos con armas de fuego, incluso automáticas; los homicidios han aumentado considerablemente en el último tiempo,  y no solamente la de homicidios, que aritméticamente no son tan altas, sino que la cifra de homicidios con imputados desconocidos, normalmente se vinculaban a personas conocidas; ahora no».

«La Fiscalía Centro Norte tiene prácticamente dos fiscales dedicados exclusivamente al homicidio. Es un delito que ha aumentado y que está vinculado al tráfico de drogas y las bandas. Como país hemos hecho muy poco para detener esto«, agregó.

Como ejemplo, está el caso del sicariato del empresario Alejandro Correa, en Concón: «Las circunstancias de tener casos con imputados desconocidos aumenta que se den circunstancias como sicariatos. Los homicidios han aumentado a niveles no pensados en años anteriores. Además hay violencia inusitada de alta frecuencia de uso de armas de fuego, pistolas, y creo que como país tenemos que ir a la restricción máxima o prohibición de acceso a armas de fuego, y también ir al mercado de las municiones, que incluso con la nueva ley no se aborda».

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