Round entre ministra Zaldívar y diputada Sepúlveda marcó despacho de indicaciones a ley de protección laboral
El informe de la Comisión Mixta que incorpora la prohibición del retiro de utilidades fue aprobado por 128 votos a favor y 9 en contra.
Este miércoles, la sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta que incorporó modificaciones a la Ley de Protección del Empleo, tales como la prohibición del reparto de utilidades a los grupos acogidos a esta normativa.
Los cambios fueron aprobados por 128 votos a favor, 9 en contra y 12 abstenciones, por lo cual éstos quedan listos para ser sumados a la normativa que entró en vigencia en abril pasado.
La instancia supo de polémicas entre parlamentarios y el Gobierno, pues la jefa de la Bancada Regionalista e Independiente (FVRS), diputada Alejandra Sepúlveda, emplazó a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, presente en la sala, a insistir en una indicación para que la mencionada prohibición sea retroactiva.
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«Eso no debió haber ocurrido, no deberían haber retirado las utilidades pero debería haber sido por ley. Cuando los ministros dicen ‘es mejor la voluntad de las personas’ eso no resulta y lo sabemos y lo dijimos en la comisión. El Gobierno debió hacerlo retroactivo, por ley«, sostuvo la parlamentaria.
Inmediatamente la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, respondió los emplazamientos y dijo que «no parece aceptable que una diputada esté señalando que hemos sido poco éticos en este proyecto«, ante lo cual reiteró que se deben evitar generalizaciones sobre la aplicación de esta ley.
«El Gobierno y el proyecto que se aprobó en este Congreso, siempre planteó y siempre estuvo la posibilidad, en caso de que se cometiera un abuso, y las sanciones son sumamente claras y las hemos señalado en todas las oportunidades. Pero no porque la ley contemplara sanciones en caso de abuso, tenemos que partir de la generalización que absolutamente todos quienes se fueran a acoger a esta ley iban a ser abusadores”, enfatizó la ministra.
Recordemos que el cuerpo legal perseguirá a las empresas que, teniendo los mismos ingresos previos a la crisis sanitaria, o desarrollando el 100% de sus funciones, se sometan a la ley. «Los empleadores arriesgan multas e incluso penas de cárcel», apuntó en abril Zaldívar via Twitter.
