Abogado Caso Huber: »La asociación ilícita siguió funcionando con posterioridad a 1993»

El abogado Ciro Colombara, representante de la familia del asesinado coronel Gerardo Huber, indicó que la gravedad del caso está en que los inculpados formaban una asociación ilícita que siguió operando con posterioridad a 1993, en años de plena democracia y asistidos por una red de protección.

Los hechos se refieren al tráfico de armas generado por funcionarios del ejército vinculados a la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), y que terminó con armamento destinado a Hungría implicado en una venta ilegal hacia Croacia en 1992.

Para el abogado querellante, ya a "fines del 91 aparecen las primeras pruebas de irregularidades en el envío de armas", agregando que "el coronel conocía algunos antecedentes y por su estilo, profesional y ético, era claro que estaba por denunciar estos hechos", y que por lo mismo "su verdad era materia de conflicto para los involucrados".

Colombara dijo en ADN Radio Chile que "la asociación ilícita siguió funcionando con posterioridad a 1993, que hostilizo y amedrentó a la familia, testigos y gente vinculada a los acusadores", precisando que la gravedad del hecho es que "siguió actuando con éxito en tiempos de democracia".

Según el abogado "la versión pública del momento terminó siendo totalmente falsa", ya que se quiso presentar a la opinión pública "como posible suicidio" y los hechos demostraron que "fue asesinado por un tiro a distancia con un fusil premunido de una mira telescópica".

Para el abogado los involucrados son más que los condenados y "tienen un pacto de silencio férreo que no ha permitido conocer el nombre del autor material", y que por esa razón "no hay prueba absoluta para identificar un autor material, pero existen antecedentes que dan un supuesto responsable".

La investigación arrojó que el coronel Huber fue impactado en el cráneo por un proyectil disparado a distancia con un fusil premunido de mira telescópica. Su cuerpo fue trasladado al sector del Cajón del Maipo y lanzado cerca de la compuerta Las Vertientes del río Maipo, donde fue hallado el 20 de enero de 1992 sin señales de erosiones por el arrastre de las aguas.

El tribunal resolvió condenó al general (r) del Ejército Víctor Lizárraga, al brigadier (r) Manuel Provis, al general (r) Carlos Krumm, y el coronel (r) Julio Muñoz.

Ciro Colombara destacó el avance del caso que lo dio el nombramiento del ministro Claudio Pavez, y la labor del consejo de defensa del estado, con la abogada María Inés Horvitz, "que impidieron el cierre de la causa", agregando que "durante 13 años no se avanzo casi nada".

Para el querellante "la familia se sintió absolutamente abandonada por el Ejército", y denunció que "se ha logrado probar que el acercamiento del ejército a la familia tuvo que ver más con buscar entorpecer la investigación y la presentación de una querella".

El abogado aprovechó de indicar que "la familia fue aislada por personas vinculadas al ejército y cuyas actuaciones fueron deleznables".