Caso Ayotzinapa: reportaje revela complicidad entre Ejército y cártel Guerreros Unidos en desaparición de 43 estudiantes

El artículo de The New York Times es categórico en su inicio: «agentes de policía les dispararon a 43 estudiantes normalistas, los subieron a la fuerza en patrullas, se los entregaron a un cártel del narcotráfico, y los estudiantes nunca más volvieron a ser vistos». Un resumen de lo ocurrido en Ayotzinapa, México, y que en los últimos días reveló nuevos antecedentes.

Tras revisar cerca de 23 mil mensajes de texto, declaraciones de testigos y documentos de investigación, el equipo periodístico concluyó que «prácticamente todas las ramas de gobierno en esa zona del sur de México llevaban meses trabajando para el grupo delictivo en secreto, lo que puso la maquinaria del Estado en manos del cártel y neutralizó cualquier obstáculo que se interpuso en su camino».

A tal punto llegó la revelación, que se constató que agentes de la policía obedecían a narcotraficantes, incluso los armaron. Los militares, por otra parte, fueron calificados como «putos» por parte de los criminales, a propósito de lo sobornables que habían sido.

Si bien se conocía la complicidad del Estado, la revelación de los menesajes dieron cuenta del motivo detrás de la coordinación entre el cártel Guerreros Unidos y los funcionarios públicos: la banda delictual «había convertido a funcionarios públicos en empleados en toda regla. El asesinato masivo de los 43 normalistas fue posible, según los investigadores, gracias a la subordinación del gobierno. Y la lealtad era profunda».

Así, el oficial que llegó al lugar del secuestro, en paralelo, informaba al cártel sobre las fuerzas de orden mexicana. El agente forense enviaba fotos de cadáveres y evidencias de escenas del crimen, e incluso usaron un crematorio de un familiar de este para incinerar los cuerpos.

El mismo intercambio de mensajes puede mostrar cierta paranoia del grupo como motor del crimen: «En los meses y semanas previos al secuestro, según muestran las intervenciones telefónicas, el cártel se había puesto cada vez más paranoico, asediado por luchas intestinas mortales mientras trataba de defender su territorio ante el avance de sus rivales. Así que cuando decenas de jóvenes llegaron a la ciudad de Iguala en autobuses de pasajeros —no muy distintos a los que el cártel usaba para contrabandear drogas a Estados Unidos— los traficantes confundieron el convoy con una incursión enemiga y dieron la orden de atacar, según lo que dicen ahora los fiscales».

A nueve años del crimen, no hay sentencias; el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó detener a 20 soldados con vínculos con los secuestros; el Ejército mexicano usaba la herramienta espía Pegasus para vigilar al cártel; e incluso lo usó contra un fiscal que los investigó, lo que resultó en que huyera del país.

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