Esposa de Jatar: Siento vergüenza por la clase de funcionarios públicos de Venezuela
Silvia Martínez dijo que el lenguaje poco diplomático de las autoridades quedó al descubierto cuando no respondieron dónde está su marido.
Silvia Martínez, esposa de Braulio Jatar -periodista chileno venezolano-, habló en La Prueba ADN, sobre la situación de su esposo y de las "vergonzosas" medidas que ha adoptado su país.
Al respecto señaló que "siento vergüenza una vez más por la clase de funcionarios públicos que tenemos en Venezuela, una vez más destaca su lenguaje poco diplomático, poco académico en el que lo que hace es atacar y no responde una pregunta tan sencilla como es dónde está".
Esto luego que el gobierno venezolano acusara este martes al canciller chileno, Heraldo Muñoz, de estar vinculado a opositores venezolanos y que la doble nacionalidad no puede implicar impunidad, ante la reacción de La Moneda por la detención de Jatar.
En cuanto al estado de su marido indicó que "después de 48 horas de su traslado en que no supimos de su paradero, ni el gobierno venezolano nos dio información alguna, ayer (lunes) en horas de la tarde, él pudo hacer una llamada y una llamada muy breve para decirnos que se encontraba en ese centro penitenciario 26 de julio en San Juan de Los Morros y que se encontraba bien, que estuviéramos fuertes nosotros".
Martínez agregó que su abogado fue hasta allá este martes, porque es día de visitas de abogado y "no le permitieron la entrada, es decir una vez más le continúan violando los derechos humanos, el derecho a la defensa, desde que fue detenido el sábado 3 de septiembre él no ha podido ver a un abogado".
Respecto al motivo de su detención dijo que "él fue imputado por un delito fabricado de legitimación de capitales, sabemos que él está siendo imputado por informar, en Venezuela informar no es un derecho, es un delito y a él le fabricaron unas pruebas de un maletín dentro del vehículo".
Además, indicó que las autoridades venezolanas buscan "delito que conlleve una pena lo suficientemente grave para que él no pueda ser juzgado en libertad. En un delito como éste donde la pena es de 10 a 15 años, se presume la intención de fuga de la persona que está siendo juzgada y por eso no aplican las medidas cautelares", es decir, él no podrá ser juzgado en libertas.