“No se corresponden con la realidad”: exministro Gajardo responde a Rabat por caso Bernarda Vera
El exministro de Justicia defendió el trabajo realizado durante el Gobierno de Gabriel Boric y acusó al actual titular de la cartera de desconocer antecedentes de una investigación judicial reservada.
Agencia Uno
El exministro de Justicia Jaime Gajardo respondió a las declaraciones del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, quien apuntó al Gobierno de Gabriel Boric por el caso de Bernarda Vera.
La exautoridad rechazó los cuestionamientos y defendió el trabajo realizado mediante el Plan Nacional de Búsqueda.
Gajardo sostuvo que la investigación fue abierta durante 2024 y que los principales antecedentes fueron entregados entre ese año y 2025 por el Programa de Derechos Humanos.
“Las declaraciones del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre el caso de Bernarda Vera no se corresponden con la realidad ni se condicen con lo que en dicho caso ocurrió”, afirmó.
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Según explicó el exsecretario de Estado, distintos oficios fueron enviados al ministro en visita Álvaro Mesa para contribuir al esclarecimiento judicial del caso. En ese contexto, aseguró que las palabras de Rabat evidenciarían, “en el mejor de los casos, un desconocimiento de estos antecedentes fácticos y jurídicos”.
Gajardo también cuestionó que el actual ministro se atribuya avances vinculados a una causa reservada iniciada antes de su administración. “El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos se atribuye logros de una investigación judicial reservada y pone en duda la legitimidad de los esfuerzos que históricamente, en distintos gobiernos, se han impulsado para avanzar en verdad y justicia”, señaló.
El exministro reivindicó, además, la creación del Plan Nacional de Búsqueda durante el Gobierno de Boric, calificándolo como un hito en la responsabilidad del Estado para reconstruir las trayectorias y establecer el destino de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.
Finalmente, llamó a mantener el rigor institucional al abordar asuntos de derechos humanos. “Existe la obligación democrática de que las autoridades entreguen información verídica y con rigor técnico, respetando la separación de poderes y evitando confundir a la opinión pública con fines ideológicos”, concluyó.
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