Ministra Toledo defiende norma ambiental de la megarreforma tras ofensiva opositora ante el Tribunal Constitucional

La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, salió a defender una de las disposiciones más cuestionadas de la denominada megarreforma, luego de que parlamentarios de oposición presentaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar cambios vinculados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La controversia se centra en la norma que establece un mecanismo de indemnización para los titulares de proyectos de inversión cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada posteriormente por la justicia.

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Según la iniciativa, los afectados podrían solicitar al Estado compensaciones por gastos directos, efectivos y no recuperables asociados al desarrollo del proyecto.

Tras participar en un comité económico encabezado por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, la secretaria de Estado abordó los cuestionamientos y aseguró que el Ejecutivo responderá dentro del proceso institucional correspondiente.

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“En esto el Gobierno va a cumplir los requerimientos que sean necesarios, parte de los instrumentos democráticos y parlamentarios. Esto se responderá con los argumentos que ya hemos ido planteando”, afirmó Toledo.

La ministra además defendió el espíritu de la modificación aprobada por el Congreso, descartando que implique un trato preferente para las compañías. “Hemos sostenido a lo largo de la discusión legislativa que este proyecto, que fue aprobado con amplia mayoría, es una muy buena señal que estamos entregando, de un compromiso con la inversión y con las resoluciones de calificación ambiental”, señaló.

Desde la oposición, en cambio, han cuestionado que la disposición genere un régimen excepcional para los inversionistas, argumentando que podría entregar un beneficio exclusivo a quienes obtengan permisos ambientales que luego sean anulados por tribunales.

Los parlamentarios sostienen que la norma podría afectar principios como la igualdad ante la ley y la protección ambiental, al permitir indemnizaciones sin exigir una eventual responsabilidad del Estado por falta de servicio.

Ahora, el Tribunal Constitucional deberá revisar los requerimientos presentados y determinar la admisibilidad de la acción, para posteriormente pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas cuestionadas.