El inesperado freno de la Corte Suprema al proyecto que busca bloquear sitios web y aplicaciones en Chile

El pleno de la Corte Suprema analizó y despachó un detallado informe técnico al Senado respecto al proyecto de ley que busca fortalecer la persecución penal de la distribución digital ilícita de contenidos protegidos y aumentar la protección de los consumidores ante la piratería.

Si bien el máximo tribunal valoró de forma positiva la iniciativa, advirtió sobre la necesidad de aplicar “ajustes relevantes” para evitar bloqueos indiscriminados en internet y cargas desproporcionadas a intermediarios tecnológicos.

La propuesta legal apunta a modificar cuerpos normativos clave, tales como la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y la Ley N° 21.459 sobre Delitos Informáticos.

Desde la perspectiva judicial, los ministros destacaron positivamente que el proyecto reconozca que “la tutela judicial de derechos en entornos digitales exige herramientas más flexibles, preventivas y técnicamente adecuadas”, valorando medidas como el cese de infracciones en línea.

Advertencias sobre bloqueos masivos e incertidumbre legal

Pese al respaldo general a la intención de la norma, la Corte Suprema encendió las alarmas sobre los riesgos de una redacción ambigua.

El tribunal enfatizó que el bloqueo o la inhabilitación de acceso a internet “debiera operar como una medida especialmente justificada y focalizada”, con el fin estricto de evitar que se terminen censurando contenidos lícitos o afectando derechos de terceros de buena fe.

Asimismo, el informe técnico remitido al Senado detalla tres nudos críticos esenciales que requieren corrección legislativa:

• Falta de claridad procedimental: Se solicita armonizar las nuevas herramientas con el régimen vigente de los prestadores de servicios de Internet (ISP) para aclarar bajo qué procedimientos jurídicos se tramitarán las sanciones.
• Riesgo de órdenes inviables: El pleno advirtió que no se precisa correctamente la diferencia entre un ISP tradicional y la nueva categoría de “intermediarios digitales relevantes”. Sin esta delimitación, se podrían emitir órdenes técnicamente imposibles de cumplir o imponer cargas desproporcionadas a actores que no son infractores directos.
• Representantes en Chile “fantasma”: Respecto a la obligación de que plataformas globales designen un representante legal o punto de contacto en el país, el oficio advierte que, sin un registro público, fiscalización y reglas de notificación electrónica, la norma “corre el riesgo de resultar meramente declarativa frente a intermediarios globales sin presencia efectiva en el país”.

El máximo tribunal concluyó que, aunque la reforma responde a un problema real y loable, el Congreso debe perfeccionar la regulación en materia de coordinación y estándares técnicos para que la legislación no derive en un sistema de bloqueo amplio, incierto o dependiente exclusivamente de la voluntad de las empresas privadas.