Días antes de ingresar la AC contra Grau: Dipres entregó un informe descartando las irregularidades denunciadas por el oficialismo
Un documento emitido por el organismo dependiente del ministrerio de Hacienda concluyó que las proyecciones del cuestionado IFP4T25 cuadran aritméticamente, desarmando la tesis del ministro sobre un “error” de 9,5 billones de pesos.
La controversia por la supuesta “inconsistencia” multimillonaria heredada de la administración de Gabriel Boric ha dado un nuevo giro. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había encendido las alarmas al denunciar públicamente que la deuda pública para el período 2026-2030 fue subestimada en cerca de 9,5 billones de pesos (unos 10.500 millones de dólares) en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 (IFP4T25). Sin embargo, un documento técnico elaborado por la propia Dirección de Presupuestos (Dipres) de su gobierno terminó desmintiendo la existencia de un error matemático.
La historia comenzó cuando Quiroz, acompañado por el director de la Dipres, José Pablo Gómez, acusó que el aumento en los déficits proyectados no se reflejaba en un aumento equivalente de la deuda, advirtiendo incluso la apertura de una investigación interna para encontrar a los responsables del supuesto error de cálculo.
Producto de esto, Libertarios y Republicanos ingresaron de manera oficial una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, imputándole la infracción flagrante a la Carta Fundamental y a las leyes que regulan la administración, programación y control financiero del Estado chileno.
Esta AC será revisada a primera hora de mañana en la sala de la Cámara de Diputados,en una sesión que está programada inicialmente desde las 10:30 hasta las 13:00 horas.
Este lunes, la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, emitió un informe negativo tras su reciente votación, recomendando a la sala de la Cámara el rechazo del libelo acusatorio. La decisión marca el paso previo a la revisión definitiva del caso, la cual se llevará a cabo mañana.
Las conclusiones que desarmaron la acusación
Pero el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) solicitó a la actual Dipres un análisis técnico exhaustivo. El resultado de esa solicitud fue el documento titulado “Metodología y supuestos utilizados para la reestimación de la trayectoria de la deuda bruta proyectada en el IFP4T25”, fechado el 5 de junio de 2026.
El informe de la Dipres fue categórico y sus conclusiones resultaron ser totalmente contrarias a la tesis del “faltante” de recursos esbozada por el ministro de Hacienda. El documento determinó que “el deterioro fiscal incorporado en el IFP 4T25 fue efectivamente traspasado a las necesidades de financiamiento del Tesoro Público”. Por lo tanto, el organismo descartó que la diferencia observada en la deuda tuviera su origen en un error en la transición entre el balance efectivo y la caja fiscal.
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Para llegar a esa conclusión, la Dipres realizó un ejercicio de reconstrucción paso a paso, como se lee en el “informe semetral sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones” publicado este lunes por el CFA. Utilizando como base un informe previo (IFP3T25), le sumaron el deterioro fiscal detectado posteriormente. Primero proyectaron el estado de operaciones del Gobierno Central y luego determinaron los requerimientos efectivos de caja. El hallazgo fue decidor: hasta ese punto del cálculo, la actual administración no obtuvo ninguna diferencia respecto a las cifras originales publicadas por el gobierno anterior en el IFP4T25.
La conclusión del informe del 5 de junio señala sobre la matemática aplicada: “En conjunto, las validaciones realizadas muestran que la trayectoria fiscal utilizada reproduce exactamente el escenario del IFP4T25 [...] y que la acumulación de deuda respeta las identidades financieras relevantes”.
El contraste con la versión original
El veredicto técnico de la Dipres en junio representó un giro de 180 grados respecto a la postura que la misma institución había adoptado semanas antes. El 18 de mayo la Dipres había entregado una minuta donde respaldaba las inquietudes iniciales del Gobierno, alertando sobre supuestos gastos no incorporados e incluso acusando la existencia de “ajustes incorporados manualmente en los archivos de cálculo, sin respaldo técnico o documental suficiente por $2.809.922 millones”.
Sin embargo, el ejercicio metodológico formal entregado el 5 de junio sepultó esas sospechas iniciales, confirmando que los números cuadraban y dejando en evidencia que el problema no radicaba en un error aritmético, sino en la inclusión de supuestos de gestión financiera que no habían sido explicitados por la administración saliente en sus proyecciones de financiamiento.