Los “Asesores VIP” de la Cámara de Diputados que acumulan hasta 32 años de indemnizaciones

Una investigación periodística de CIPER constató la existencia de un mecanismo exclusivo en la Cámara de Diputados que permite a un grupo de asesores legislativos y colaboradores de comités políticos sobrepasar el tope legal de 11 años de indemnización por años de servicio establecido en el Código del Trabajo para el común de los empleados chilenos. Desde el año 2012, fecha en que comenzó a regir la obligatoriedad de contratación directa por parte de la corporación, al menos 17 trabajadores del Congreso han percibido de manera sucesiva finiquitos financiados con recursos públicos, siendo recontratados de forma inmediata al inicio de cada nuevo ciclo legislativo.

El diseño de esta dinámica opera bajo un patrón regular: la mayoría de estas personas son finiquitadas e indemnizadas cada cuatro años, coincidiendo con el término del periodo parlamentario, y al día posterior regresan a sus funciones habituales bajo un nuevo vínculo laboral. Este fenómeno se materializó nuevamente entre el 10 y el 11 de marzo pasados, periodo en el cual 16 de los 17 asesores identificados fueron reincorporados a sus puestos. De mantener la continuidad de sus funciones, al término del actual tramo parlamentario acumularán entre 14 y 18 años de indemnizaciones sectoriales.

La génesis de esta prerrogativa se remonta al año 2009, en medio de la controversia pública que enfrentaba la entonces diputada Claudia Nogueira (UDI) ante el Ministerio Público por el mal uso de asignaciones parlamentarias. En dicho contexto, el Poder Legislativo tramitó una reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional con el propósito de transparentar los fondos estatales. Sin embargo, mediante un acuerdo reservado de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja, se incorporó el artículo 3A, disposición que estructuró un estatuto especial de contratación para el personal de apoyo de senadores, diputados y bancadas, garantizando el cobro de un mes por año de servicio cada vez que expire el mandato de sus jefaturas directas.

Contradicciones de datos y el archivo en bodega

Aunque los registros sistematizados por la Cámara computan tramos de indemnización que parten de los 12 o 14 años, los testimonios directos recogidos por CIPER arrojaron que el volumen de fondos fiscales transados es ostensiblemente mayor. Debido a que varios asesores ingresaron al Congreso en las décadas de 1990 o principios de los 2000, los trabajadores admitieron haber acumulado sucesivas indemnizaciones previas que suman techos de 19, 24 y hasta 32 años de servicios, las cuales fueron costeadas con las asignaciones de los propios parlamentarios.

Ante el requerimiento de acceso a la información para revisar los finiquitos anteriores a 2012, la Dirección de Finanzas de la Cámara de Diputados rechazó la entrega de los documentos argumentando impedimentos de carácter operacional. El estamento técnico respondió formalmente que, en dicho periodo, los contratos eran gestionados directamente por cada legislador en formato papel. “La información solicitada no se encuentra digitalizada, sino en formato papel y en bodega. Debido a ello, y considerando las limitaciones de personal con que se cuenta para abordar este tipo de requerimientos no resulta posible dar respuesta”, excusó la corporación.

Pese a que el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, justificó la automaticidad de los pagos argumentando que legalmente no se puede prever si un asesor continuará prestando funciones para otro diputado, los calendarios institucionales contradicen dicha tesis. Los finiquitos se tramitan los días 10 de marzo cada cuatro años, meses después de resueltas las elecciones generales, momento en que las bancadas poseen total certeza sobre la configuración de los comités y las continuidades de su personal de confianza.

La advertencia presupuestaria que se ignoró en 2009

La revisión de las actas de la Comisión Mixta que dio origen a la ley expone que las repercusiones financieras de la norma fueron advertidas con anticipación por el Ejecutivo. Durante el debate legislativo de 2009, el entonces subsecretario de la Segpres, Edgardo Riveros, encendió las alertas ante la instancia presidida por el senador Andrés Chadwick (UDI), manifestando de forma expresa que el estatuto especial excedía las ideas matrices y “podía dar origen a nuevos gastos públicos no contemplados en los presupuestos (...) y, eventualmente, también indemnizaciones”.

Chadwick desestimó la prevención del representante del Gobierno, asegurando que la herramienta no buscaba incrementar los gastos, sino facultar de autonomía a las corporaciones para regular sus contratos bajo las normas del Código del Trabajo. Al cierre de la investigación, y a más de una década de aquella discusión parlamentaria, las auditorías de CIPER acreditaron que la flexibilización de la norma ha provocado que la Cámara de Diputados incremente el presupuesto destinado al pago de estas indemnizaciones recurrentes en hasta 187 veces en comparación al diseño original. Actualmente, se discute un proyecto de ley para subsanar los alcances del artículo 3A y la ausencia de solución de continuidad de los contratos.