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Quiroz defiende aumento de deuda por US$ 6.200 millones: explicación apunta a déficit fiscal y pagos pendientes

El ministro de Hacienda explicó que el Gobierno necesita ampliar su capacidad de endeudamiento para enfrentar un déficit mayor al previsto y regularizar obligaciones del Estado, incluyendo deudas con pymes.

18 DE MAYO DE 2026/VALPARAISOFOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO

18 DE MAYO DE 2026/VALPARAISO FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO / Oscar Guerra

Durante este lunes, y tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley para ampliar en US$ 6.200 millones el límite de endeudamiento fiscal autorizado para 2026. La iniciativa fue presentada con suma urgencia y comenzó su tramitación legislativa.

La propuesta fue firmada por el mandatario junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien defendió la medida argumentando que las proyecciones fiscales actuales obligan al Ejecutivo a buscar nuevas fuentes de financiamiento para cumplir con compromisos ya adquiridos por el Estado.

Desde el Congreso, el secretario de Estado explicó que la decisión se adoptó luego de detectar diferencias relevantes entre las estimaciones consideradas en la Ley de Presupuestos y la situación financiera observada durante este año.

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“Ya mostramos en el Informe de Finanzas Públicas que había una sobrestimación de ingreso, subestimación de gasto y, por lo tanto, teníamos un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB que excede en 1,5 que es con el que se hizo la Ley de Presupuestos del año pasado”, señaló.

Quiroz añadió que “esa diferencia más el efecto del tipo de cambio, porque la autorización de deuda está en dólares, nos deja una necesidad de 4.700 millones de dólares”.

Sin embargo, el ministro indicó que solicitar únicamente ese monto dejaría pendientes una serie de obligaciones financieras que el Estado mantiene con distintos proveedores.

En ese contexto, explicó que parte de los recursos solicitados buscan cubrir pagos atrasados que aún no han sido regularizados y que afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas que prestan servicios al sector público.

“Estaríamos postergando exigencias y pagos que se deben pagar porque son proveedores del Estado impagos, muchos de ellos Pymes que no están sincerados y son parte de las obligaciones y exigencias del Estado de Chile”, afirmó.

Según detalló el titular de Hacienda, para enfrentar esas obligaciones adicionales se requieren cerca de US$ 1.500 millones, cifra que el Ejecutivo considera necesaria como capital de trabajo para asegurar el funcionamiento financiero del Estado durante el próximo ejercicio presupuestario.

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