La advertencia del fiscal nacional por el “registro de vándalos” anunciado en la cuenta pública

El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó una valoración positiva respecto a los lineamientos en materia de seguridad expuestos por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública. La máxima autoridad del Ministerio Público respaldó de forma especial el anuncio gubernamental que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, iniciativa orientada a sancionar las conductas disruptivas en el espacio público.

El jefe penal sustentó su análisis en la denominada teoría de las ventanas rotas, argumentando que la persecución temprana de las faltas menores es clave para el control delictual global. Según explicó, la experiencia empírica demuestra que el descuido de estas pequeñas conductas deriva paulatinamente en una cultura de la ilegalidad, propiciando entornos idóneos para la posterior comisión de delitos de alta gravedad. Por ello, aseguró que focalizar los recursos en las infracciones menores genera un impacto preventivo directo en la seguridad nacional.

Protección de datos y ampliación de flagrancia

Pese a alinearse con el espíritu de la propuesta del Ejecutivo, el fiscal nacional incorporó prevenciones técnicas respecto al diseño de la futura base de datos, condicionando su implementación al marco regulatorio civil vigente.

“Lo que adelantó el Presidente de la República va en la dirección correcta. Ahora, si una nómina, un listado, es la vía apropiada, bueno, si nos sientan en el Congreso podríamos dar nuestra opinión. En principio, por supuesto, eso tiene que ser compatible con la normativa que tenemos hoy día en materia de protección de datos personales, la normativa internacional. Pero en general, la idea de preocuparse por las incivilidades, me parece que va en la dirección correcta”, detalló Valencia.

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De igual forma, la autoridad judicial valoró la intención del Mandatario de tramitar con urgencia el incremento del periodo de flagrancia, extendiendo el plazo legal desde las 12 actuales hasta las 24 horas de corrido, facilitando las labores de captura de las policías sin requerir órdenes judiciales inmediatas.

Autonomía policial en delitos de alto impacto

Hacia el cierre de su intervención, Valencia situó como una prioridad legislativa aún más relevante el avance de un proyecto —ya visado por el Senado y modificado por la Cámara de Diputados— que faculta a la Fiscalía a delegar atribuciones de investigación a las policías. El fiscal nacional contrastó la realidad chilena con la de otros estados democráticos que combaten el crimen de forma eficaz, donde los estamentos policiales gozan de mayores niveles de actuación autónoma.

La máxima autoridad del organismo persecutor enfatizó que esta reforma es crucial para optimizar las diligencias en ilícitos de menor complejidad pero de alta afectación ciudadana, como el robo de vehículos. Explicó que la falta de facultades autónomas transitorias provoca que, para el momento en que el fiscal imparte la orden formal de investigar, las especies sustraídas ya hayan sido sacadas del territorio nacional, una dilación que catalogó como no razonable para el estándar actual de la justicia.