Tribunal ambiental invalida permiso clave de millonario proyecto en Chile: US$ 3.200 millones
El proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” había obtenido luz verde en diciembre de 2021.

18 de Mayo de 2015/CALAMA Vista de la Mina Chuquicamata, durante la visita de lapresidenta de la Republica, en cual realizo un saludo radial a trabajadores del dicho lugar. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO / Cristobal Escobar
El Segundo Tribunal Ambiental decidió anular la aprobación ambiental de un ambicioso proyecto minero impulsado por Collahuasi, cuyo monto de inversión supera los US$ 3.200 millones. Se trata de uno de los proyectos de construcción minera más grande del país.
La resolución marca un hito en el debate sobre los efectos que tiene la invalidación judicial de permisos ambientales, especialmente en relación con la restitución de inversiones.
La iniciativa afectada corresponde al proyecto denominado “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”, que había obtenido luz verde en diciembre de 2021. Sin embargo, desde su aprobación, el proyecto enfrentó múltiples cuestionamientos y un proceso administrativo complejo, según informa el Diario Financiero.
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El fallo se originó tras reclamos presentadas por diversas organizaciones indígenas y grupos locales, luego de que el Comité de Ministros descartara previamente sus objeciones. Estas decisiones motivaron a los opositores a recurrir a la justicia ambiental, que finalmente acogió sus argumentos.
Los reclamantes son la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta y Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya (comunidades de Caleta Chanavaya), la Familia Barreda Paniagua (grupo humano indígena de Copaquire) y seis asociaciones indígenas aymaras (Perla del Desierto, Aymara Silla, Suma Yapi, Willka Marka, Matilda Yatiñ Uta y Multicultural Muro Muro).
Los impactos del fallo
El tribunal determinó que la evaluación ambiental del proyecto presentó deficiencias relevantes. En particular, concluyó que no se caracterizaron adecuadamente los planteamientos realizados por comunidades indígenas del área de influencia, lo que impidió descartar posibles afectaciones directas.
Asimismo, el fallo destacó la falta de instancias formales de diálogo previo con dichas comunidades, requisito contemplado en la normativa vigente.
A esto se suma que observaciones técnicas elaboradas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), respecto de impactos en el ecosistema marino, no fueron debidamente consideradas en etapas anteriores del proceso.
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