Subsecretario Pavez por obligación de informar datos de migrantes irregulares: “Es solo cuando media un procedimiento de expulsión”
Max Pavez detalló a Radio ADN que la solicitud de información se limitará a domicilio, teléfono y correo electrónico para fines exclusivos de control migratorio.
El subsecretario del Interior, Max Pavez Cantillano, junto al director de Migraciones, Frank Sauerbaum, presentaron ante la Comisión de Gobierno del Senado una indicación clave que busca destrabar la ejecución de las sanciones migratorias en el país.
La propuesta obliga a instituciones de salud, educación y previsionales, tanto públicas como privadas, a entregar antecedentes de contacto de extranjeros que tengan procedimientos de expulsión vigentes.
En declaraciones a Radio ADN, Pavez explicó que la medida responde a una dificultad técnica crítica: la imposibilidad de localizar a los sujetos de expulsión. "Muchas veces las personas cambian su residencia, cambian su domicilio y no se sabe bien dónde están“, señaló la autoridad, subrayando que esto impide notificar las órdenes de forma efectiva.
Revisa también:
Alcance y límites de la medida
Para calmar las aprehensiones sobre la privacidad de los datos, el subsecretario precisó que la indicación es “muy precisa” en sus facultades y limitaciones:
- Solo con proceso abierto: La obligación de informar solo se activa cuando existe un procedimiento de expulsión o sanción migratoria ya iniciado.
- Autoridades exclusivas: Solo el Servicio de Migraciones y la PDI podrán requerir los antecedentes. “Nadie más puede requerir la información”, enfatizó Pavez.
- Datos específicos: Las instituciones (como AFP, Isapres, Fonasa, colegios y hospitales) deberán entregar domicilio, teléfono, correo electrónico y “demás datos pertinentes” para la notificación.
Protección de datos y respaldo técnico
Pavez fue enfático en asegurar que la norma incluye prohibiciones estrictas sobre el mal uso o difusión de la información personal de los extranjeros. Además, destacó que la propuesta no es una improvisación, sino que fue “trabajada con el Servicio de Migración y con la Policía de Investigaciones”, los órganos rectores del control migratorio en Chile.
El respaldo de La Moneda
Esta indicación cuenta con el apoyo directo del Presidente José Antonio Kast, quien vinculó la medida con la necesidad de ordenar las prestaciones estatales. “La única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”, sostuvo el Mandatario, mencionando que la saturación de los consultorios y el sistema escolar exige tener claridad sobre los beneficiarios.
“El gobierno va a defender esta indicación con mucha fuerza”, concluyó el subsecretario Pavez.
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