Cámara aprueba reforma al sistema político y la despacha al Senado, pero rechaza el “salvavidas” para partidos en disolución

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados dio un paso decisivo al aprobar, con modificaciones, el proyecto de ley que busca fortalecer la gobernabilidad y disminuir la fragmentación del sistema político chileno. La iniciativa fue respaldada por 99 votos a favor, 22 en contra y ocho abstenciones, lo que permite que el texto regrese al Senado para iniciar su tercer trámite constitucional.

Pese al avance general, la jornada estuvo marcada por el rechazo a uno de los puntos más polémicos de la discusión: la norma transitoria que permitía la fusión de partidos políticos que actualmente están en proceso de disolución tras no alcanzar el umbral exigido en las parlamentarias de 2025. Dicha disposición fue desestimada por una mayoría de 60 votos en contra, frente a 46 a favor y 22 abstenciones.

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El fin del “salvavidas” partidario

La caída de esta norma implica que las colectividades amenazadas por la ley vigente no tendrán una vía alternativa de supervivencia mediante la integración con otras tiendas. Deberán, en cambio, concretar su disolución o ejercer su derecho a apelación ante el Servel. Este resultado se da luego de que parlamentarios como el diputado Daniel Manouchehri (PS) cuestionaran duramente la medida, calificándola como un “traje a la medida” para partidos en riesgo de desaparecer.

Reacciones encontradas en el Congreso

Desde la oposición, el diputado Diego Schalper (RN) celebró el resultado de la votación general, destacando la importancia de robustecer el rol de los partidos para dar estabilidad al sistema. “Tenemos la convicción de que este proyecto lo que busca al final es que fortalezcamos el rol de los partidos, pero que al mismo tiempo no terminemos con un parlamento tan fragmentado”, señaló el legislador.

Por el contrario, el diputado Carlos Bianchi (IND) manifestó su descontento con el fondo de la reforma. Según Bianchi, la propuesta representa un acuerdo político que “en nada permite que quienes somos independientes podamos competir en iguales condiciones”, omitiendo, a su juicio, soluciones para los problemas estructurales de representatividad.