Vallejo descarta “ley de amarre” en el sector público: “No impide desvinculaciones, solo exige fundamentarlas”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de la controversia generada en torno al proyecto de Ley de Reajuste al Sector Público, descartando tajantemente las acusaciones de la oposición sobre la existencia de una supuesta “norma de amarre”. La autoridad aseguró que el articulado no busca blindar a funcionarios de la actual administración ante el próximo cambio de gobierno, sino elevar el estándar de transparencia en los procesos de despido.

Vallejo explicó que la normativa cuestionada no prohíbe poner término a los contratos, sino que obliga a las jefaturas a entregar razones fundadas para ello, ya sea por mal desempeño o reestructuración de funciones. La secretaria de Estado comparó esta exigencia con la causal de “necesidades de la empresa” del sector privado, donde el empleador mantiene su derecho a desvincular, siempre que explicite el motivo.

Justificación técnica, no política

Durante su participación en el programa Estado Nacional de TVN, la ministra enfatizó que “no hay ninguna norma que esté puesta en el reajuste que impida desvincular un funcionario público”. Según detalló la vocera en la entrevista, el objetivo es que si un servicio necesita sacar a alguien, “fundamenta cuál es esa necesidad”, evitando la arbitrariedad.

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“Esto se presenta ante la Contraloría y la Contraloría puede decir ‘estuvo bien justificada o no’”, sostuvo Vallejo. Además, fue clara al separar a los trabajadores de carrera de los operadores políticos: “No hay ni un impedimento ni un amarre a funcionarios que son de confianza política (...) todos los que son de gabinete se retiran junto con el presidente el día 11 de marzo".

“Propaganda” opositora

La titular de la Segegob fue dura al calificar las críticas de la oposición, asegurando que se ha “construido una propaganda” y una “campaña de desinformación” que carece de asidero en la realidad. Vallejo defendió la propuesta recordando que esta solicitud emana de las propias organizaciones de funcionarios y que el gobierno ha mantenido flexibilidad en la negociación.

Finalmente, la ministra destacó la responsabilidad fiscal del proyecto, subrayando que “el costo de este reajuste es el menor desde el 2019“, calificándolo como “superaustero”. Por ello, instó a debatir con la verdad: “Siempre hay ánimo de mejorar y revisar, pero sin conceder las mentiras que se instalan sobre esto”, concluyó en el espacio televisivo.