El ocaso del “Caso Comunes”: Fiscalía revela cuántos años de presidio efectivo pide para Karina Oliva
Tras finalizar la investigación, el ente persecutor acusó a la exmilitante frenteamplista de liderar un esquema para defraudar al Estado mediante boletas ideológicamente falsas.
Agencia Uno
Un paso decisivo dio el Ministerio Público en el marco del denominado “Caso Comunes”. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur presentó oficialmente la acusación contra la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, solicitando una pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de fraude de subvenciones, señala La Tercera.
La acción judicial se concreta tras el cierre de una extensa investigación que indagó las irregularidades en la rendición de gastos electorales de su campaña de 2021, donde Oliva compitió por el Gobierno Regional Metropolitano y, posteriormente, por un escaño en el Senado.
El esquema defraudatorio
La acusación sostiene que Oliva, junto a un grupo de exmilitantes del partido Comunes, articuló un mecanismo para defraudar al Fisco. Según los antecedentes recopilados, el perjuicio fiscal efectivo ascendería a $293.093.681, sumado a un intento de defraudación adicional por otros $110.000.000 que fueron objetados por el Servicio Electoral (Servel).
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El modus operandi habría incluido la utilización de la fundación “Chile Movilizado” —calificada por la indagatoria como una “fundación de papel”— para emitir boletas y facturas por servicios que no fueron prestados o cuyos costos fueron abultados artificialmente para obtener mayores reembolsos estatales.
Los otros acusados
Si bien la solicitud de pena más alta recae sobre Oliva por su rol de candidata y beneficiaria directa, la acusación también apunta a su círculo de hierro. Entre los imputados figuran:
- Jorge Ramírez, expresidente de Comunes y expareja de Oliva.
- Martín Miranda, exadministrador electoral de la campaña.
Ambos cumplieron roles clave en la administración de los recursos y la emisión de documentos tributarios cuestionados.
La defensa de Oliva ha sostenido durante el proceso su inocencia, argumentando que los servicios fueron realizados y que existieron errores administrativos o “confusión de roles”, pero negando la existencia de un delito penal. Con la presentación de esta acusación, el tribunal deberá fijar fecha para la audiencia de preparación de juicio oral, donde se definirá el futuro judicial de la exfigura del Frente Amplio.
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