Crecen a 28 mil los funcionarios de Gobierno involucrados en mal uso de licencias médicas: 23 mil siguen en servicio

Un nuevo informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), actualizado al 15 de octubre, reveló que ya son 28.028 los funcionarios del Gobierno, entre ministerios y servicios públicos, que registran viajes al extranjero mientras mantenían una licencia médica activa. La cifra anterior, informada en septiembre, llegaba a 27.778 trabajadores.

Este levantamiento se originó a partir del reporte elaborado en mayo por la Contraloría General de la República, que consolidó antecedentes de distintos organismos públicos a través del sistema de Información Circularizada (CIC), donde se identificaron posibles irregularidades en el uso de licencias.

Según detalló la Dipres, el aumento respecto del reporte previo se debe principalmente a que se incorporaron nuevos casos provenientes de servicios públicos con presencia regional.

Los números dan cuenta que 23.140 de los funcionarios involucrados siguen actualmente en sus cargos, mientras que 4.888 ya no trabajan en el Estado. De estos últimos, 2.670 están sometidos a procesos administrativos, aun cuando dejaron sus puestos.

El reporte también identifica 25.810 trabajadores estatales cuyos antecedentes deben ser revisados mediante sumarios. Dentro de ese universo, un 35% corresponde a salidas del país durante la licencia, 1% a casos vinculados a atención de partos, 5% a emisores investigados penalmente, y 6% a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden. Se suma un 23% asociado a visitas a casinos y un 30% por traslados al extranjero en servicios regionales.

De acuerdo con la Dipres, la duración promedio de las licencias cuestionadas es de 21,9 días. Además, estimó que, considerando las remuneraciones reportadas por los mismos organismos públicos, los funcionarios que enfrentarán sumarios habrían recibido $36.008 millones en pagos correspondientes a los períodos en que estuvieron ausentes.

“Es necesario recordar que los sumarios administrativos tienen etapas y plazos máximos legales, iniciando por una investigación de los hechos (20 días hábiles, prorrogables a 60); luego con la presentación de descargos (5 días hábiles, prorrogables en 5 días hábiles); rendición de prueba (hasta 20 días hábiles); e impugnación (5 días hábiles); sumado a otros plazos que se pueden fijar para la realización de diligencias”, expresó el organismo.