Indignación en Concepción: más de 500 apoderados denuncian egreso anticipado de alumnos con discapacidad

Si en Chile la educación pública ya enfrenta múltiples desafíos, la situación se agrava cuando se trata de educación diferencial.

Solo en la provincia de Concepción, cerca de 500 apoderados acusan vulneración de derechos debido al llamado “egreso anticipado” de estudiantes con discapacidad intelectual, medida que, según los apoderados, se está aplicando solo en esta zona del país.

El problema se origina en el Decreto N.º 87, dictado en los años 90, el cual establece que los alumnos deben egresar tras seis años en el nivel laboral.

Bianca Pavón, una de las apoderadas afectadas, denuncia que su hija de 23 años —quien tiene diagnóstico de autismo en tercer grado y discapacidad intelectual moderada— será obligada a egresar a fin de año, pese a no contar con las competencias necesarias para ingresar al mundo laboral ni desenvolverse de manera autónoma en la sociedad.

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“Los están haciendo que egresen por una normativa que es el decreto supremo 87 del año 1990. Es un decreto que está muy viejo, no se adecua a los diagnósticos que hay ahora, los conceptos son totalmente pasados”, señaló.

“Lo que sucede es que están egresando estudiantes del nivel laboral, según dice la normativa, pero muchos de ellos no tienen las capacidades para egresar, tampoco pueden ingresar al mundo laboral. La parte cognitiva también no está 100% labrada, la parte social tampoco”, agregó.

En 2023, los apoderados sostuvieron una reunión telemática con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien suspendió la medida. Sin embargo, hoy, la aplicación del decreto continúa, generando incertidumbre y frustración entre las familias que piden una educación verdaderamente inclusiva, que respete los ritmos, procesos y dignidad de cada estudiante.

Desde el Ministerio de Educación precisaron que el Decreto 332 del año 2011 establece que las y los estudiantes deben egresar una vez completados sus niveles educativos. En caso de haber ingresado antes, pueden finalizar antes, y si presentan períodos prolongados de inasistencia, la edad máxima de permanencia en el sistema es de 26 años.

“El Decreto 332 del año 2011, señala que las personas que presentan necesidades educativas asociadas a discapacidades físicas, sensoriales o mentales, diagnosticadas por profesionales competentes autorizados por la normativa vigente, tendrán acceso a opciones educativas en los establecimientos educacionales especiales, según las necesidades que se hayan establecido, sin exigencias de edad mínima de ingreso, pero reconociendo como edad máxima de ingreso los 26 años cumplidos durante el año lectivo correspondiente”, explicó el seremi de Educación en la región del Biobío, Carlos Benedetti.

“Por regla general, esta edad máxima aplica únicamente para los casos de estudiantes que hubieran ingresado tardíamente a la educación formal o presentan vacíos en su trayectoria educativa”, complementó.

Todo cuando los apoderados esperan que el Ministerio de Educación actualice la normativa y garantice una inclusión real, que no termine expulsando del aula a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado.