Muerte anunciada en una celda: gendarmes imputados por dejar morir a un preso que pidió ayuda

Cristián Andrés Díaz Valencia murió donde menos se espera morir: en una celda vigilada, dentro de un penal de alta seguridad. Su crimen no fue más grave que el de golpear a un funcionario de Gendarmería, y aun así su sentencia no era de muerte. Pero en la cárcel de Acha, al norte extremo del país, la omisión también puede matar.

El 29 de diciembre de 2024, apenas seis días después de haber sido brutalmente apuñalado por otros internos, Díaz Valencia fue atacado nuevamente. Esta vez no sobrevivió. Lo paradójico —o lo trágico— es que era el único interno que ese día fue revisado por los gendarmes. Los demás, incluyendo su agresor, Jordan Mejías Martínez, no pasaron por control alguno al salir de sus celdas.

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó la detención en tránsito de tres funcionarios de Gendarmería: el capitán Samuel Gatica, y los sargentos Luis Jara y Osvaldo Sandoval. Todos fueron imputados por homicidio simple por omisión. A Sandoval Concha, además, se le sumó el delito de porte y tenencia ilegal de municiones, tras encontrarse cartuchos en su domicilio sin la debida autorización.

Según la Fiscalía, la cadena de omisiones comenzó antes de que Cristián pisara el penal. Cuando aún estaba recluido en Quillota, manifestó temor de ser trasladado a Arica por represalias de los mismos funcionarios penitenciarios. Aun así, el 17 de diciembre fue llevado al módulo de alta seguridad del penal Acha y quedó bajo la supervisión directa de los ahora imputados.

El 22 de diciembre, Cristián señaló a uno de los gendarmes que tenía problemas con otros internos. Se autoinfirió heridas, pero en lugar de recibir atención psicológica o mayor vigilancia, fue sancionado: 30 días sin visitas. Al día siguiente, fue atacado por primera vez. Lo apuñalaron. Fue hospitalizado. Regresó.

Y volvió a ser desprotegido

El día de su muerte, no se aplicaron controles básicos de seguridad en el módulo. El arma cortopunzante con la que fue asesinado fue ingresada sin obstáculos. El silencio institucional hizo lo demás. La fiscalía sostiene que la omisión fue clara, directa y negligente. Por eso, los tres gendarmes enfrentan cargos. Y por eso, aunque el tribunal rechazó la prisión preventiva, ordenó su detención en tránsito a la espera de que la Corte de Apelaciones de Arica decida si el peligro que representan es real.

Cristián Díaz Valencia tenía antecedentes, sí. Pero tenía también derechos que no fueron respetados. En un espacio cerrado, vigilado, estructurado para contener la violencia, murió desangrado por una herida que no debió ocurrir.