La subasta del engaño: cómo un funcionario público convirtió la confianza en su herramienta de fraude
El juzgado de Yumbel sentenció a tres personas por una red de estafas reiteradas entre 2019 y 2024.
La subasta del engaño: cómo un funcionario público convirtió la confianza en su herramienta de fraude / BrianAJackson
Durante más de cuatro años, Edison Gerardo Cid Chavarría caminó por Yumbel con la credencial de martillero público en el bolsillo y la promesa de negocios rentables en los labios. Hablaba de oportunidades, de inversiones seguras, de remates que parecían salidos de un catálogo dorado. Pero lo que vendía no eran bienes ni propiedades: era confianza. Y esa confianza, como determinó la justicia, fue utilizada para engañar sistemáticamente a decenas de personas.
El Juzgado de Garantía de Yumbel condenó a Cid Chavarría a 5 años y un día de presidio efectivo por 78 delitos consumados y reiterados de estafa. La sentencia incluye, además, una multa de 500 UTM y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o profesiones titulares. El caso, tramitado mediante procedimiento abreviado, dejó en evidencia una estructura de fraude que se sostuvo en la reiteración y en la manipulación de la buena fe.
No actuó solo. La justicia también condenó a Tania Mabet Aravena Díaz, quien recibió 3 años y un día de presidio, con libertad vigilada intensiva, por su rol como coautora en 16 delitos similares. A Jaime Gerardo Huaquipán Loncón, en tanto, se le impusieron 541 días de reclusión remitida por su participación en seis estafas consumadas.
Revisa también:
El modus operandi era claro: prometer negocios inexistentes, captar dinero fresco de nuevas víctimas y utilizar parte de esos fondos para “apaciguar” a anteriores afectados. No se trataba de un esquema de reparación, sino de una fórmula para mantener a flote la estafa. Una cadena que se alimentaba del silencio y la esperanza de quienes creían que eventualmente recuperarían su dinero.
Según detalló la jueza Viviana Garrido en la sentencia, la conducta de Cid Chavarría “no cesó en ningún momento” y, pese a que la defensa intentó argumentar pagos parciales, el tribunal fue enfático: “no hay pago si no es completo”. Tampoco hubo intento de reparación ni remordimiento, apenas una prolongación sostenida del dolo.
Las víctimas fueron personas comunes: sin formación legal, sin redes de protección, muchas de ellas confiaron en la imagen respetable del martillero que prometía soluciones y dejaba problemas. El tribunal reconoció este desequilibrio, y lo consideró agravante. Lo que se vendía era una ilusión jurídica, envuelta en contratos falsos y en promesas incumplidas.