Escándalo judicial: los pasos que llevaron al presunto asesino del “Rey de Meiggs” a su liberación
Osmar Ferrer, de nacionalidad venezolana, se encontraba en prisión preventiva por el crimen del comerciante José Felipe Reyes Ossa.
Escándalo judicial: los pasos que llevaron al presunto asesino del “Rey de Meiggs” a su liberación
La liberación de Osmar Ferrer, presunto sicario acusado de asesinar al comerciante José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, generó un escándalo que remece al sistema judicial.
El sujeto, de nacionalidad venezolana, estaba en prisión preventiva tras ser formalizado por el crimen ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa. Según la Fiscalía, ese día la víctima fue interceptada a la salida de su casa por dos hombres armados, quienes lo asesinaron pese a que intentó escapar.
Osmar Ferrer al extremo inferior derecho (polerón negro) / Diego Martin
El ataque, registrado por cámaras de seguridad, refuerza la hipótesis de un homicidio por encargo, pues Reyes Ossa conservaba todas sus pertenencias.
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La polémica comenzó cuando Gendarmería recibió el 10 de julio un oficio del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que dejaba sin efecto la prisión preventiva. Al día siguiente, Ferrer fue liberado.
¿Hackeo o tramité oficial?
En un inicio, se sospechó que el tribunal podría haber sido víctima de un hackeo, hipótesis que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó de “insólita”, aunque aclaró que la orden llegó “por los conductos regulares” con firma electrónica y código QR de verificación. Gendarmería, por su parte, descartó vulneraciones a sus sistemas internos y afirmó que el documento fue tramitado de manera oficial.
“Es una situación completamente inexplicable que afecta la confianza en el sistema de justicia”, sostuvo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, agregando que el Ministerio Público ya abrió una investigación penal para aclarar la legitimidad del oficio.
Sebastian Beltran Gaete
Según los antecedentes, la orden se emitió menos de un día después de la audiencia donde se decretó la prisión preventiva. El documento supuestamente provenía del tribunal, pero se indaga si fue falsificado o generado mediante acceso irregular al sistema.
Mientras tanto, el Gobierno y las autoridades judiciales coordinan la búsqueda del imputado, que pudo haber salido del país durante estos días. El caso revela graves falencias en los controles de verificación documental y ha encendido alarmas en todos los niveles institucionales.