Milei reforma la policía en Argentina: ahora podrá detener y espiar sin orden judicial
La nueva normativa permite arrestos por hasta 10 horas, inspecciones y vigilancia online.
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El presidente Javier Milei anunció una profunda reforma a la Policía Federal Argentina (PFA), autorizando por decreto detenciones y confiscaciones sin orden judicial, así como vigilancia en redes sociales.
La medida, inspirada en agencias como el FBI y las fuerzas de seguridad israelíes, fue presentada como parte de un plan para modernizar el combate contra el crimen organizado.
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“La Policía Federal será una fuerza dedicada a la investigación criminal, como las mejores del mundo”, afirmó Milei, quien estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La reforma incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con atribuciones ampliadas para actuar sin intervención judicial en contextos considerados urgentes por los propios agentes.
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El decreto autoriza detenciones por hasta 10 horas si se presume que una persona podría haber cometido un delito y no logra acreditar su identidad. También permite requisas de personas, vehículos y pertenencias sin orden judicial, siempre que existan indicios previos o riesgo de pérdida de pruebas. Asimismo, faculta a la policía a realizar “tareas de prevención del delito en espacios digitales públicos”, como redes sociales, sin control judicial.
La decisión fue duramente cuestionada por organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) calificó la reforma como “una oportunidad desperdiciada” y advirtió sobre la falta de control y su inconstitucionalidad. Amnistía Internacional expresó preocupación por el “ciberpatrullaje”, que podría derivar en vigilancia masiva y discriminación. El CELS, en tanto, alertó que se abren puertas para criminalizar la protesta social y vigilar opositores.
Ante las críticas, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió la legalidad del decreto y aseguró que quienes discrepen pueden recurrir a la justicia: “No infringimos ninguna ley. Será el Poder Judicial quien resuelva si alguien lo impugna”.
