Del miedo al repliegue: Chile y el costo emocional de vivir entre rejas invisibles

En la villa, en la feria, en el paradero o al salir del trabajo. En Chile, la inseguridad dejó de ser una percepción: es una rutina. Ya no se trata solo de portonazos o encerronas en autopistas; el miedo ha cruzado el umbral de lo físico para instalarse en la mente de millones de personas. Y ese miedo, cada vez más, está enfermando al país.

Sergio Bravo Campos, experto en seguridad, crimen organizado y lavado de activos, fue oficial de la Policía de Investigaciones de Chile y también integró la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Con una trayectoria de más de dos décadas en inteligencia y análisis del crimen transnacional, ha dedicado los últimos años a advertir sobre la expansión del crimen organizado en el país. Hoy, asegura, enfrentamos una amenaza estructural que deteriora no solo la seguridad pública, sino también la salud mental y la cohesión social.

“Lo que alguna vez parecía ajeno —sicariato, secuestros exprés, rituales narco— hoy es parte del paisaje urbano en comunas como Arica o Lampa”, afirma Bravo. La masacre ocurrida en esta última en 2023 lo confirmó. Chile, insiste, ya no es un país de tránsito, sino un lugar de operaciones del crimen transnacional.

Las cifras respaldan su diagnóstico. Informes recientes de Interpol, GAFILAT y la Unidad de Análisis Financiero revelan que las redes delictivas —lavado de activos, trata de personas, tráfico de armas— ya operan de forma permanente en el país, muchas veces con más rapidez que la reacción institucional.

Pero hay un daño menos visible y más silencioso: el que ocurre en la mente de las personas.

Según el Termómetro de la Salud Mental Achs-UC, más del 60% de los chilenos vive con miedo a la delincuencia. En mujeres, el porcentaje es aún mayor. No es paranoia, explica Bravo, es la consecuencia real de vivir en un entorno donde la violencia dejó de ser excepcional.

“La gente ha cambiado sus hábitos, su forma de moverse, incluso su manera de relacionarse. Se vive en estado de hipervigilancia constante”, advierte. En este escenario, la calle, el almacén o la micro se vuelven zonas de riesgo. El resultado: ansiedad, angustia, retraimiento social.

Y este miedo no afecta a todos por igual.

Las mujeres —especialmente madres y cuidadoras— sufren de manera desproporcionada. Las personas en situación de pobreza tienen menor acceso a atención en salud mental y a entornos seguros. Y en comunas como Alto Hospicio, Huechuraba o Puente Alto, la criminalidad se ensaña donde la protección es más débil. Bravo identifica tres factores críticos que amplifican la vulnerabilidad: género, pobreza y territorio. Los llama “las tres grandes rejas”, barreras invisibles que encarcelan sin juicio previo.

La desconfianza es otro síntoma de esta crisis. “La gente ya no cree en la policía, en las instituciones, ni siquiera en sus propios vecinos”, señala Bravo. Esa fractura social, agrega, es precisamente el terreno que aprovechan las bandas criminales para consolidarse. Donde hay miedo y aislamiento, hay espacio para el crimen.

¿Qué hacer? El experto propone un enfoque integral que supere la mirada exclusivamente policial. Se necesita reforzar el control territorial, garantizar acceso real a la salud mental en las zonas más afectadas, desmantelar las economías ilícitas, y —sobre todo— restaurar la confianza en el Estado a través de una presencia efectiva, con justicia oportuna y protección concreta.

Chile, dice, no puede seguir normalizando el encierro como estrategia de autoprotección. “Un país con miedo deja de ser una sociedad”, concluye Bravo. Y esa, quizás, sea la batalla más urgente: no solo recuperar el control de los territorios, sino también el derecho colectivo a vivir sin temor.