Este lunes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, conversó con ADN Hoy y abordó la actualidad carcelaria del país, como los llamados “pelotazos” y la implementación de inhibidores de señal, donde la Contraloría detectó que solo 10 cárceles en el país utilizan inhibidores de señal de telefonía celular.

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Sobre cómo se enfrenta este tipo de situaciones que contrastan con lo que se plantea sobre máxima seguridad, el ministro aseguró que “no niego que tengamos inconvenientes o desafíos, ni que haya cosas pendientes por hacer. De hecho, tenemos muchas tareas pendientes”.

“El trabajo en seguridad penitenciaria es constante, todos los días, porque hay personas privadas de libertad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las contingencias de cualquier sistema penitenciario, incluido el nuestro, son permanentes, y el trabajo en seguridad penitenciaria es continuo”.

Pelotazos en Pedro Montt

En relación con la problemática de los pelotazos, el ministro destacó que “hemos tomado medidas que no se habían implementado en 15 años. Si usted recorría el sector de Pedro Montt y Santiago 1, había prácticamente estructuras y containers que vendían comida o se usaban como guarderías, instalados ahí por más de 10 años, y que se utilizaban para preparar elementos prohibidos que ingresaban a los establecimientos penitenciarios. En conjunto con la municipalidad y Carabineros de Chile, limpiamos toda esa zona”.

“Ha disminuido significativamente. Hemos trabajado en la seguridad perimetral con la colaboración de Carabineros, porque Gendarmería no puede actuar fuera de los muros del establecimiento penal, y eso también ha reducido considerablemente el problema. Aunque sigue ocurriendo, hemos mejorado la tecnovigilancia, adquirido máquinas de rayos X y escáneres corporales. Antes teníamos muy pocos en los establecimientos penales; ahora hemos triplicado la cantidad inicial y creado tipos penales específicos”, dijo.

El ministro también comentó que “el ingreso y tenencia de teléfonos celulares, desde finales de 2020 y particularmente desde 2023, se considera un delito. Antes de eso, no lo era”.

“Nuestro país mantiene el control de los establecimientos penitenciarios, con todas las dificultades que eso implica, pero en Chile no ocurre lo que ha sucedido en Ecuador o en otros países donde han debido intervenir las fuerzas armadas para retomar el control de cárceles. Aquí no ocurre. Tenemos situaciones complejas que deben mejorarse. A pesar de la sobrepoblación y los nuevos fenómenos criminales, la institución logra mantener el control de los establecimientos penitenciarios porque la gran mayoría de sus funcionarios desarrolla su labor de manera encomiable”, destacó.

“El sistema funciona”

En cuanto al tema de los inhibidores, Gajardo explicó que “no lo plantearía de manera dicotómica. El sistema de inhibidores, tal como lo señala el informe de Contraloría, funciona. Sin embargo, la Contraloría realiza ocho observaciones sobre aspectos que deben corregirse en la implementación del sistema”.

“Cuando asumimos el gobierno, no existía ningún tipo de inhibición de teléfonos celulares. Decidimos revisar la tecnología disponible e implementar lo mejor posible según las opciones tecnológicas existentes. Este sistema de gestión de celulares se implementó en tres establecimientos penales: Santiago 1, la expenitenciaría y el Recinto Especial de Alta y Máxima Seguridad, donde se encuentran más de 12.000 personas privadas de libertad”, añadió.

En ese contexto, el ministro explicó que el informe de Contraloría asegura que “el organismo estuvo en terreno en agosto del año pasado y concluyó que la empresa no pudo comprobar que el sistema funcionara durante dos días, en horas específicas. Por ello, se aplicó una multa. Esto no significa que el sistema no funcione, sino que en momentos concretos la empresa no logró demostrar su operación”.

“Contraloría nos da un conjunto de otras recomendaciones para el mejor funcionamiento de este sistema. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos implementado. De hecho, muchas de las recomendaciones que da Contraloría ya las tenemos implementadas, y es más, nosotros tenemos una nueva licitación que se encuentra ahora en desarrollo, cuyas bases, por el monto del contrato, tienen que ir a toma de razón de Contraloría”.

Filtraciones desde Contraloría

Finalmente, en relación con la filtración de información, Gajardo comentó: “Otra cosa es lo que nosotros hemos señalado respecto a que no puede ser que un informe reservado se filtre, no porque lo diga yo, sino porque la Ley de Gendarmería y nuestra propia Constitución establecen que hay actos reservados por motivos de seguridad nacional. Este es ese tipo de cuestiones que son reservadas por seguridad nacional”.

“Que el informe circule libremente y que medios de comunicación lo tengan porque alguien se los entregó, no es responsabilidad de los medios. Nosotros iniciamos y denunciamos para que aquellos responsables tengan que dar cuenta de sus hechos, porque publicaron o entregaron algo que es reservado. Y es reservado, insisto, lo dice la Ley de Gendarmería, por razones de seguridad nacional”, finalizó.