Candidata a Gobernadora del PDG presentó boleta por $35 millones al Servel de masajista que manejaba sus redes sociales

La campaña electoral de la excandidata a gobernadora de O’Higgins, Carol Aros, ha quedado en el centro de la polémica tras revelarse una boleta de $35 millones por servicios de redes sociales emitida por Irma Parraguez, quien figura como masajista en registros laborales previos. Este monto representa la boleta más alta rendida por una persona natural en las elecciones de 2024.

Según publica Ciper Chile, la rendición, presentada ante el Servicio Electoral (Servel), detalla que Parraguez habría sido contratada para gestionar redes sociales, realizar un plan de marketing y manejar la prensa durante los tres meses de campaña. Sin embargo, en declaraciones a CIPER, Parraguez aseguró no recordar la boleta ni tener conocimientos en redes sociales, afirmando que su participación fue parte de un equipo más amplio.

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Carol Aros, ahora militante de Amarillos, defendió el gasto señalando que “llegamos a un alcance de 4 millones de visualizaciones” con el trabajo realizado. Afirmó también que Parraguez lideraba un equipo compuesto por al menos otras dos personas, aunque no precisó sus nombres ni sus roles específicos. La excandidata destacó que el gasto incluyó $7,6 millones en publicidad pagada a Meta, administradora de Facebook e Instagram.

La conexión política de Parraguez se amplía con su hijo, Matías Torres Parraguez, asesor parlamentario de la diputada Carla Morales (RN). Aunque no se pudo confirmar si Torres participó en la campaña, la vinculación familiar añade un nuevo matiz al caso.

El episodio ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a campañas políticas, ya que el monto solicitado para reembolso al Estado equivale al total de la boleta. La controversia también incluye otra rendición en la que Parraguez cobró $3 millones por servicios similares para un candidato a alcalde de Peralillo.

El Servel y los organismos pertinentes deberán esclarecer las inconsistencias presentadas en los antecedentes y evaluar si se ajustan a las normativas vigentes en materia electoral.